Después de año, ocho meses, el asesinato de la agente Carla Ayala permanece en el misterio

1
2612

El Juzgado Especializado para una Vida Libre Violencia y Discriminación contra las Mujeres decidió, la semana pasada, beneficiar con la libertad inmediata al exjefe del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Julio César Flores Castro, vinculado al feminicidio de la agente de la Policía Nacional Civil (PNC) Carla Ayala.

Un comunicado de prensa del Centro Judicial Isidro Menéndez (CJIM), asegura que el subcomisionado policial pidió que se le practicara un examen psicosocial porque la detención provisional, que le fue impuesta en junio del año pasado, le provocaba “ansiedad”.

La agente Carla Ayala fue asesinada durante la madrugada del 29 de diciembre del 2017, después de asistir a una fiesta de fin de año en la sede del GRP, y su cadáver fue localizado hasta el 7 de septiembre del 2018, no así su presunto asesino, identificado como Juan Josué Castillo, alias ” El Samurai” quien hasta la fecha continúa prófugo de la justicia

El actual Director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, era el subdirector de Áreas Especializadas de la PNC, división a cargo del extinto grupo policial, cuando ocurrió el crimen de Carla.

El exjefe del GRP, Julio César Flores, fue detenido en una segunda etapa del proceso porque la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de incumplimiento de deberes por encubrir al resto de imputados ligados al asesinato de la agente, ocurrido la madrugada del 29 de diciembre de 2017.

A cambio de la libertad, el juzgado impuso dos restricciones a Flores Castro: no salir del país y presentarse cada 15 días a firmar al tribunal, como garantía de que siempre se presentará a las audiencias como parte del proceso judicial.

La Fiscalía consideró que la versión que contaron algunos testigos del crimen, todos agentes policiales, estaba llena de contradicciones porque les hizo creer que nadie fue capaz de capturar al principal sospechoso después de dispararle a Carla Ayala a bordo de una patrulla policial con otros agentes, regresar con ella a las instalaciones del extinto GRP y volver a escapar con la misma patrulla para no volver a aparecer.

Incluso, el cadáver de la policía fue hallado 252 días después del crimen en unos terrenos ubicados en San Francisco Javier, Usulután.

La audiencia preliminar contra los 14 detenidos por el caso, donde se decidirá si enfrentan el juicio o son exonerados de cargos, está programada para octubre próximo.

Comments are closed.