Abogados de la organización no gubernamental Cristosal denunciaron el jueves ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) al actual ministro de Salud, Francisco Alabí Montoya, por presuntos actos corruptos en El Salvador durante la pandemia del Covid-19.
De acuerdo con información de la ONG, el Ministerio de Salud compró 100,000 protectores faciales a la sociedad INSEMA, S.A. de C.V. en un contrato lesivo al Estado.
La denuncia señala que “el contrato de compra fue por 250,000 dólares a un precio unitario de 2,50 por cada protector facial, lo que representa un sobreprecio del 121 % en comparación con los precios -en ese momento- ofrecidos a otras entidades privadas”.
Cristosal explicó que “un aspecto alarmante es que los protectores faciales adquiridos no estaban incluidos en el catálogo de insumos médicos autorizados para compras directas según el decreto legislativo vigente en ese momento, lo que sugiere un posible desvío de fondos destinados a la adquisición de insumos médicos esenciales”.
El Tribunal de Ética Gubernamental es el ente rector de la ética pública, encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Ética Gubernamental, con competencia para prevenir y sancionar las prácticas corruptas en El Salvador.
“La pandemia, lastimosamente, sirvió para que muchos funcionarios se beneficiaran de los recursos públicos y de las contrataciones públicas”, señaló López.
La abogada recordó que Cristosal presentó en noviembre pasado una denuncia, también ante el TEG, contra el ministro de Salud por “haber favorecido a sus familiares a través del proceso de contrataciones públicas” y lamentó que “casos como este no hayan sido investigados por las instituciones correspondientes”.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele lanzó en 2019 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) y cuyo acuerdo de cooperación fue cesado en 2021, cuando las investigaciones apuntaban a corrupció en el Ejecutivo.
