Demandan amparo a CSJ contra impuesto a las comunicaciones

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Salvador Enrique Anaya, abogado de la República, demandó al Gobierno ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por la ilegalidad, según él, del nuevo impuesto de 5% a la industria de las telecomunicaciones, aprobado el 29 de noviembre en la Asamblea Legislativa por el FMLN, GANA, PDC y PCN, y que el Estado llama “contribución especial para la seguridad”.

El abogado y constitucionalista Anaya presentó la demanda pues ya están publicados en el diario oficial del 5 de noviembre los decretos firmados por los diputados, con lo que se convertirá en ley vigente a partir del 1 de diciembre.

Anaya sostiene que el nuevo impuesto debe ser declarado inconstitucional por cuatro razones:

1) Vicio en la publicación de la ley, por violación al principio de equidad tributaria, por violación al principio de igualdad y por violación al principio de no afectación de los ingresos estatales.

2) Se ha violentado la equidad tributaria en su manifestación de capacidad económica contributiva pues el impuesto se cobrará de la misma forma en que ya lo hace el IVA, como es la prestación de servicios de telecomunicación y adquisición de bienes.

3) Se está violentando el principio de igualdad pues trata de forma discriminatoria al sector telecomunicaciones al que se le impone una mayor carga tributaria “No existe motivo razonable alguno para imponer a dichos servicios y bienes una carga tributaria mayor.”

4)Este nuevo impuesto es ilegal porque viola el principio de no afectación de los ingresos estatales en el sentido de que a pesar de que el dinero entrará al Fondo General del Estado, la misma ley determina el uso que se le dará y se explica de una forma difusa y ambigua.

La Sala de lo Constitucional ha resuelto con anterioridad sobre la inconstitucionalidad de cobros tales como el FONAT.

La Cámara Salvadoreña de Telecomunicaciones (Casatel), entregó al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, una carta solicitándole una prórroga de 4 meses pues a la fecha desconocían el contenido de la Ley completa.

La Ley fue divulgada el lunes 23 de noviembre, a pesar de que fue incluido en la edición del Diario Oficial el 5 de noviembre.