Los abogados del empresario Enrique Rais denunciaron este miércoles que la Fiscalía General de la República (FGR) estaría preparando “una nueva trampa” como parte de la persecución a la que está siendo sometido su defendido.
La trampa, según los defensores de Rais, consistiría en que ante un eventual sobreseimiento con el que pueda ser favorecido su patrocinado, la FGR presentaría de inmediato un nuevo requerimiento judicial en su contra (hasta ahora no se sabe por qué delito) y de esa manera mantener restringida su libertad.
Métodos similares se aplicaban en los tradicionales juzgados de Policía cuando los delincuentes consuetudinarios “cumplían” sus condenas. Los sacaban de su lugar de detención pero a la vuelta los esperaban otros agentes que los volvían a encarcelar por cualquier falta o delito que se les ocurriese; y así una y otra vez, hasta no acabar. Al estilo de la Gestapo nazi en Alemania o la KGB comunista de la URSS.
El abogado José David Campos Ventura, aseguró que la FGR insiste en negar a los defensores de Rais acceso al expediente “70- UCCO2017” en el que supuestamente se tramitan nuevas acusaciones contra su cliente, el empresario Enrique Rais, con lo que se viola el debido proceso así como garantías constitucionales y derechos fundamentales de su defendido.
Según Campos Ventura, el mismo fiscal en funciones, Aquiles Parada, se refiere al señor Rais en un memorando de fecha 9 de abril al secretario General de la FGR, como al “encartado” ; lo que significa, según el Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia de Joaquín Escriche, estar vinculado a una querella o acusación criminal. También se dice del encartamiento que este es el despacho judicial en que se contiene la condena de un reo ausente.
Los abogados de Rais han insistido ante la FGR que se les permita conocer de qué se trata esta nueva investigación contra su cliente para ejercer el derecho a la defensa, pero hasta el momento no se les ha permitido, razón por la que de nueva cuenta, han acudido a la Procuraduría de los Derechos Humanos a denunciar dichas violaciones a los derechos de Enrique Rais y solicitar medidas cautelares contra funcionarios de la FGR en defensa de los intereses de su cliente.
Artículo 80 inc.2° del Código Procesal Penal,. Quien tuviere conocimiento que se le está investigando o que se le puede imputar la comisión de un hecho punible, podrá presentarse ante la Fiscalía General de la República, debiendo ser escuchado informado sobre la denuncia, querella o aviso.
El apoderado de Rais señala en su solicitud “de pronto despacho” a la procuradora de los Derechos Humanos, Raquel Caballero, que han interpretado que el fiscal adjunto, Aquiles Parada, les confirma sus sospechas de que existe una nueva acusación en contra de su defendido tras utilizar en un memorándum el término “Encartado” para referirse a este.
Según el jurista, en el documento, (Memorando al Secretario General de la FGR), con fecha 9 de abril del presente año firmado por el Fiscal Adjunto, Aquiles Parada, dice “por este medio remito a usted, en original la resolución de las quince horas del martes tres de abril del presente año, a efecto que la misma sea notificada al licenciado, José David Campos Ventura, en su calidad de apoderado general judicial del encartado, José Aquiles Enrique Rais López”.
Según el apoderado de Rais, el término “encartado”, tiene otras acepciones, como la de “sujeto vinculado a proceso” o equivalente al término “imputado”.
El apoderado legal del empresario Enrique Rais recuerda en su escrito a la procuradora que a ella, como defensora de los Derechos Humanos, se le ha vencido el término para que se pronuncie respecto al caso sobre la flagrantes violaciones al derecho de defensa de su apoderado.
Campos Ventura, señala además que han transcurrido ya tres meses desde que se le solicitó al jefe de la Unidad Especializada de Delitos de Crimen Organizado de la FGR, la reconsideración sobre su decisión de no permitir acceso a la carpeta fiscal de investigación tramitada por esa unidad bajo la referencia “70- UCCO2017”.
Campos Ventura hace ver en su nueva petición a la procuradora Caballero que no existiendo garantías del derecho de legítima defensa de su patrocinado es de “urgencia el pronunciamiento de la PDDH, para evitar una imputación judicial de causa penal sin las garantías en el proceso”
Finalmente, Campos Ventura solicita a la PDDH que se emitan medidas cautelares fin de que la FGR le de establecido en la Constitución de la República así como tratados y convenios sobre derechos humanos suscritos por El Salvador, especialmente en lo que se refiere al derechos a ser informado sobre cualquier investigación sobre la comisión de un hecho punible o aviso que pueda ser atribuido a un ciudadano.
