La Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó, en Corte Plena, el cuestionario para que el ex presidente Mauricio Funes Cartagena declare desde Nicaragua en el juicio civil que por Enriquecimiento Ilícito se le acusa en el país.
Funes declarará desde la embajada de El Salvador en Managua, Nicaragua, en una audiencia insólita, sin antecedentes en la legislación salvadoreña.
El 10 de enero de este año, Enrique Antonio Araujo Machuca, abogado de Funes, solicitó a la Cámara Segunda de lo Civil que el exfuncionario declarara desde Nicaragua, ya que este alegó “temer por su vida” si venía a El Salvador. La petición fue aprobada un día después.
Funes, su hijo Diego y la señora (entonces su esposa) Vanda Pignato, son procesados por no justificar el origen de $728,329.74.
La decisión de la Corte abrirá un frente de polémica pública en que se debatirá la naturaleza del “asilo” que solicitó Funes al gobierno nicaragüense del sandinista Daniel Ortega y sus efectos, tanto para el receptor como para el país otorgante.
Mauricio Funes se notificó judicial y extrajudicialmente de que estaba siendo investigado por la Sección de Probidad de la misma Corte y por la Fiscalía General de la República (FGR), razón por la que decidió, con la ayuda y respaldo del partido que lo llevó al poder, el FMLN, y del propio gobierno “refugiarse” en Nicaragua. Funes Cartagena huyó del país en el preciso momento en que era voz popular que una celda de la DAN le esperaba.
Lo primero que tendrá que hacer la honorable Corte Suprema de Justicia para que su resolución, aceptando que el ex presidente declare en la embajada de El Salvador en Nicaragua es dar a conocer al país la distinción que ha hecho entre refugio/asilo territorial y asilo político/diplomático.
Funes pidió “refugio” territorial en Nicaragua alegando persecución del Estado y amenazas por su vida pero en realidad lo que había era una posible orden de captura por parte de la Fiscalía General de la República, debido a las acusaciones por los delitos de Enriquecimiento Ilícito, Corrupción y Lavado de Dinero y Activos pesaban en su contra, en la de su ex esposa y Primera Dama de la República, Vanda Pignato y en contra de su hijo Diego Funes, cosa que nada tiene que ver con el Asilo como derecho consuetudinario regional en América Latina.
