La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia aceptó dos demandas de inconstitucionalidad contra el Presupuesto General de la Nación 2017.
Las demandas fueron interpuestas por Enrique Anaya y Daniel Olmedo, por haberse aprobado un Presupuesto desfinanciado y por la emisión de letras del tesoro (LETES) 2017, que fueron aprobadas por mayoría simple de diputados, cuando debería contar con mayoría calificada.
Según abogados consultados, ahora procede una revisión exhaustiva de todo el presupuesto debido a que esta desfinanciado.
De acuerdo a un comunicado de la CSJ, la Sala consideró que ambas demandas cumplen con los requisitos para ser admitidas.
La demanda presentada por el abogado constitucionalista Enrique Anaya a mediados de marzo, señala que en el Presupuesto General de la Nación se ha omitido prever “todos los gastos que deberá afrontar el Estado en el año 2017” pues no se han incorporado “cuatrocientos treinta millones de dólares”.
Debido a esto, la falta de recursos para cubrir distintos rubros “no incide únicamente en relación a las partidas o asignaciones presupuestarias específicas […], sino que afecta a todo el presupuesto estatal”.
De acuerdo a la Sala de lo Constitucional, el ciudadano Daniel Eduardo Olmedo Sánchez manifiesta en su demanda que la deuda flotante a la que alude el artículo 5 de la ley constituye un empréstito voluntario, por lo que debe concurrir el quórum mínimo de aprobación establecido en el artículo 148 inciso 2° de la Constitución, exigencia que no se habría verificado en la creación de la Ley de Presupuesto 2016 —texto reproducido en el artículo 5 de la Ley de Presupuesto 2017—, por no haberse aprobado con los votos de los dos tercios de los diputados electos.
