Luego de dos días, el caso Rais-Martinez fue reanudado este domingo.
La juez 7º de Paz, Evelyn del Carmen Jiménez, la resolución en la que definirá si ordena procesar con detención a los imputados o concede medidas sustitutiva mientras el juicio pasa a otra etapa.
El segundo día de audiencia fue un 1 – 0 a favor de los imputados, la ineficiencia y el intento de presentar pruebas contaminadas en el juicio, dejó la balanza de la justicia a favor de los detenidos. Un cuerpo fiscal ineficiente, dubitativo y sin argumentos dejó ver la pobre solidez de los cargos.
Caso la jueza otorgue medidas sustitutivas la defensa ya presentó los elementos suficientes para demostrar el arraigo de los imputados, esenciales para garantizar que no haya fuga alguna. La defensa es optimista en el sentido de que sus patrocinados puedan lograr su libertad o al menos las medidas sustitutivas, lo que podría en libertad al ex fiscal Martínez, al empresario Enrique Rais y a los otros imputados.
Pájaros de Cuenta
La sindicación de 11 imputados se basa en una defensa acérrima de dos viejos conocidos por la Justicia, Claudia María Herrera Díaz y su esposo Mario Calderón.
Tanto el abogado Calderón como su esposa poseen un récord de antecedentes policiales y penales. Entre los dos suman nueve causas en diversas instancias. La Fiscalía, bajo la dirección de Luis Martínez, documentó estos casos tras varias denuncias recibidas.
Según los antecedentes, Calderón comenzó a tener problemas legales luego de ser despedido del Grupo Rais, donde fungió como apoderado legal; su esposa viene arrastrando una serie de procesos desde 1995, mucho antes que Martínez llegara a la Fiscalía, cuando fue capturada por intento de secuestro.
De igual manera, la señora de Herrera fue capturada el viernes 18 de septiembre de 2015, cerca del Bulevar El Hipódromo, en San Salvador, siendo procesada entonces por siete delitos que incluían lavado de dinero por más de 10 millones de dólares. El esposo de Herrera, Mario Calderón, abogado, fue imputado por al menos tres delitos también.
Durante el juicio incoado a los Calderón Herrera, el Ministerio Público, dirigido por Luis Martínez y bajo la acusación de las fiscales Marta René Guevara Melara y Rosario Cruz, demostraron que los imputados habían movilizado aproximadamente $10 millones en el sistema financiero.
La Fiscalía presentó entonces dos informes de inteligencia financiera que se realizaron de oficio, es decir, sin denuncia previa. El primero, con fecha del 25 de junio de ese año, concluía que “no existe compenetración en el perfil transaccional” de Herrera y Calderón con algunos de sus últimos movimientos financieros. La fiscal Guevara comprobó el informe y observó operaciones no cubiertas con las declaraciones en el Ministerio de Hacienda.
De hecho, se presentó un faltante de $497,097.85 en el periodo 2005-2013, una cifra que se extrajo del contraste entre las cantidades en cuentas de ahorro de Mario Calderón con las declaraciones a Hacienda de esos mismos años. “Esa primera falta fue calificada como un delito precedente: evasión de impuestos como delito generador de lavado de dinero”, dijo la fiscal Guevara al juez Romeo Aurora Giammattei, a cargo del juicio.
En el juicio, a Herrera se le comprobó que había ampliado su patrimonio en un 1,183 %, y que había registrado movimientos bancarios de $3.5 millones. Además, la Fiscalía había encontrado a Herrera 76 préstamos del Banco Hipotecario, y expuso en la audiencia siete ejemplos de pagos anticipados, de entre 4 a 19 años antes de que se venciera el plazo del préstamo.
Según la fiscalía, eso constituía una metodología para el blanqueo de capitales. La Fiscalía presentó entonces también el caso de que algunas de las empresas de Herrera, como Clavasa S.A. de C.V., no reportaron ingresos en sus balances financieros, pero sí reportaron compras. El juez Giammattei opinó que era “ilógico que una sociedad compre sin tener ingresos”. La falta de justificación de esas transacciones conformaba un comportamiento atípico.
En otro proceso, Herrera fue detenida el 17 de mayo de 2013 en el cantón Ateos, de Sacacoyo, carretera a Sonsonate, por uso y tenencia de documentos falsos. Fue procesada en el Tribunal de Sentencia de Sonsonate.
La Fiscalía abrió otro expediente por el presunto delito de lesiones graves y violencia intrafamiliar de Herrera, contra María Lilian Violeta Sevilla Calderón, hecho ocurrido el 23 de octubre de 2012 en el asilo Doctor Julio Ignacio Díaz y cuya referencia fiscal es 1146-UMM-2012.
Curiosamente el 5 de septiembre de 2013 Sevilla Calderón tuvo una muerte súbita, trauma craneoencefálico, trauma facial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Un cuarto caso fue abierto contra la imputada en enero de 2013 cuando fue denunciada por su exesposo por violencia intrafamiliar contra él y sus dos hijos, mientras que el 23 de septiembre del año 2014, en las inmediaciones del bulevar del Hipódromo, colonia San Benito de San Salvador, Herrera y sus tres guardaespaldas supuestamente amenazaron al empresario Enrique Rais. Por ese caso fue enviada a juicio al Tribunal Sexto de Sentencia.
En cuanto a su esposo, el abogado Mario Calderón, además de la acusación por lavado de dinero, suma una condena de dos años de prisión por supresión, destrucción u ocultamiento de documentos verdaderos. Guarda prisión en el penal de Metapán por la extorsión de $4.2 millones y la extorsión tentada por $25 millones en perjuicio del empresario Enrique Rais.
La audiencia
Luego de varios días de arresto preventivo, los imputados no se han podido asear de manera integral y visten ropas ajadas y se veían en un estado precario. Dos días de audiencia ya hacían mella en su estado feísimo y mental.
Cerca de la medianoche del sábado, Julio Arriaza, exjefe fiscal, ya no coordinaba palabra para defenderse.
Luis Martínez, que ha advertido con “desenmascarar” a quien haya que hacerlo se limitaba a mover lentamente su cabeza en forma horizontal de manera negativa al ser acusado por la Fiscalía de supuestos ilícitos que la misma Fiscalía estaría cometiendo contra el ex fiscal.
Los demás imputados apenas permanecieron sentados sin hablar, bebiendo sorbos de agua de cuando en vez.
El caso
Los fiscales han tratado de ganar posición a través de la fuerza, más que por derecho. La juez, en repetidas ocasiones tuvo que llamar al orden a algún fiscal advirtiéndole que podría cometer “desacato” de seguir en el tono en que se refería a ella como autoridad máxima del juzgado.
Según los fiscales, el ex Fiscal General de la República, Luis Martínez, ordenó que se interviniera la línea telefónica de un asociado al ex diputado suplente Wilber Rivera, Ulises Hernández. El ex diputado suplente Rivera purga una pena de 15 años de prisión por el lavado de al menos $20 millones provenientes del narcotráfico, condena lograda por la administración del ex fiscal Martínez y que hoy podría, al igual que todos los casos procesados en su período, ser apelados por invalidez por sus abogados.
Martínez había sido advertido que algunos asociados a Rivera atentarían contra su vida y, a pesar que las amenazas a muerte eran “el pan de cada día” del ex fiscal, en este caso ordenó, con los instrumentos de ley, que se “pinchara” el teléfono de Hernández.
En esas escuchas telefónicas, se habría detectado que había una nutrida comunicación entre Hernández y el entonces Juez 9º de lo Penal, Romeo Aurora Giammattei. El teléfono del juez fue también intervenido.
De ahí en adelante, se desarrollan situaciones mas propias de una telenovela que de la vida real. Los fiscales, con extractos de las grabaciones editadas, han armado un caso sustentado en pruebas circunstanciales.
Las escuchas que serían, según los fiscales, prueba ya son ilegales. La ley ordena que cualquier escucha telefónica debe ser destruida en no más de seis meses de no utilizarse judicialmente. Según el ex fiscal Martínez, el ordenó al jefe del centro de intervención, Sigfredo Alcides Campos Crespo, que fueran procesadas “de acuerdo a ley”, pero sus indicaciones fueron ignoradas por Crespo, quién, de acuerdo a una fuente fiscal, las mostró al fiscal Meléndez en afán de congraciarse al llegar este al Ministerio Público.
Las escuchas telefónicas
Desde un principio, el caso de la Fiscalía se sustenta en las grabaciones, que estarían dentro del marco de “Divulgación de Información”, delito que hoy, paradójicamente, acumula el Ministerio Público al ex fiscal Luis Martínez.
La juez negó el escuchar las llamadas en un inicio, los fiscales la presionaron hasta que, momentáneamente indicó que si aceptaría la escucha de los audios grabados, sin embargo, al llegar las escuchas al juzgado, eran copias digitales editadas, una prueba “contaminada” presentada por los fiscales con desfachatez, lo que llevo a la juez a desestimar su presentación como prueba, debido a que, al haber sido editados los audios, se podría haber sacado de contexto cualquier conversación que en ellos hubiese.
¿Y hoy?
El culebrín sigue…..
