La dinámica legislativa de las últimas semanas ha estado marcada por un patrón constante: la aprobación casi unánime de nuevos préstamos internacionales. Mientras la bancada oficialista defiende estas medidas como necesarias para el desarrollo y la inversión pública, los partidos de oposición han alzado la voz, denunciando lo que consideran un manejo fiscal irresponsable y una falta de transparencia alarmante.
La crítica principal de la oposición se centra en la velocidad y la falta de debate con la que se aprueban estas solicitudes de endeudamiento. En casi todas las sesiones plenarias, se presenta un nuevo paquete de préstamos, que van desde financiamiento para proyectos de infraestructura hasta fondos para seguridad o fortalecimiento institucional. Según voceros de la oposición, estas aprobaciones «exprés» impiden un análisis riguroso de los términos de los préstamos, sus tasas de interés y, lo más importante, su impacto real en la ya creciente deuda pública del país.
«Están comprometiendo el futuro de El Salvador con más y más préstamos sin rendir cuentas claras de en qué se gastan,» afirmó a periodistas la diputada de Arena, Marcela Villatoro. «La deuda está subiendo a niveles insostenibles y esto nos hace extremadamente vulnerables a cualquier crisis económica.»
A pesar de las promesas del Gobierno de mantener un presupuesto «balanceado», la oposición argumenta que la constante necesidad de endeudamiento demuestra que los ingresos del Estado son insuficientes para cubrir sus gastos. Critican que los fondos, en lugar de ser utilizados para proyectos que generen crecimiento y fortalezcan la economía a largo plazo, a menudo se destinan a «tapar agujeros» en el presupuesto o a proyectos de alto perfil que buscan más un impacto político que económico.
El oficialismo, por su parte, rechaza estas acusaciones, argumentando que la oposición se opone al desarrollo del país y que los préstamos son vitales para modernizar la infraestructura y mejorar los servicios para la población. Sostienen que la aprobación ágil de los fondos es una señal de la «nueva eficiencia» del Estado, que ha dejado atrás los lentos y corruptos procesos del pasado.
El debate político sobre el endeudamiento refleja una profunda división en la visión del futuro económico del país. Mientras el Gobierno confía en la inversión a gran escala impulsada por la deuda, la oposición teme que esta estrategia esté construyendo un castillo de naipes que, tarde o temprano, colapsará bajo el peso de su propia carga financiera, afectando directamente el bolsillo de los salvadoreños.
