La organización no gubernamental Cristosal, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos en El Salvador y la región, anunció el miércoles su retiro definitivo del país, citando un deterioro «alarmante» del espacio cívico y una creciente «represión y persecución gubernamental» contra las voces disidentes y la sociedad civil.
En un comunicado emitido desde su sede regional en Guatemala, Cristosal expresó su profunda preocupación por el cierre de los espacios democráticos en El Salvador, señalando un patrón de «acoso, intimidación y criminalización» dirigido a defensores de derechos humanos, periodistas independientes y organizaciones no gubernamentales. La decisión, según la ONG, se toma «con gran pesar» después de años de trabajo ininterrumpido en el país, acompañando a víctimas de violaciones de derechos humanos y promoviendo la justicia y la rendición de cuentas.
Aunque el comunicado de Cristosal no detalla casos específicos que hayan precipitado su retiro, la organización ha sido una voz crítica en los últimos años sobre diversas políticas y acciones del gobierno salvadoreño, incluyendo el régimen de excepción, la suspensión de garantías constitucionales, la detención masiva de personas y las reformas legales que, según la ONG, debilitan la independencia judicial y la transparencia.
«Hoy, ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador y operar desde sus sedes en Honduras y Guatemala, esta decisión responde a una situación insostenible de acoso estatal, amenazas directas contra nuestro personal, la criminalización de defensores y defensoras, la imposición de marcos legales diseñados para reprimir el trabajo de la defensa de derechos humanos», dijo la mañana de este jueves el director ejecutivo de Cristosal, Noah Bullock, en una videoconferencia desde Guatemala.
El anuncio de Cristosal se suma a las crecientes preocupaciones de la comunidad internacional y diversas organizaciones de derechos humanos sobre la situación en El Salvador. En los últimos meses, varias entidades han expresado alarmas sobre el debilitamiento de la institucionalidad democrática y la limitación de las libertades civiles en el país.
La ONG asegura que operará en El Salvador desde Guatemala y Honduras.
El gobierno salvadoreño, por su parte, no ha emitido una respuesta oficial inmediata al anuncio de Cristosal. Sin embargo, en ocasiones anteriores, ha desestimado las críticas de organizaciones internacionales, calificándolas de «intervencionistas» o de estar motivadas por agendas políticas.
La salida de Cristosal representa un duro golpe para el ecosistema de derechos humanos en El Salvador, privando al país de una de las organizaciones más experimentadas y respetadas en la defensa de los derechos fundamentales. La decisión plantea serias interrogantes sobre el futuro del espacio cívico y la capacidad de las organizaciones independientes para operar libremente en el país en un entorno cada vez más restrictivo.
Defensores de derechos humanos locales han lamentado la noticia, señalando que la salida de Cristosal deja un vacío significativo en la protección de las víctimas y en la promoción de la justicia. La comunidad internacional estará atenta a las implicaciones de esta decisión y a cómo evolucionará el panorama de los derechos humanos en El Salvador.
