La Corte Suprema de Justicia decidió acatar una resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de Naciones Unidas, en la que se ordena que a Enrique Rais se le conceda el derecho efectivo a obtener una indemnización por daños en su patrimonio.
El abogado y apoderado del empresario Rais, Carlos Miranda Rubio, celebró este jueves que, después de 20 años que poderosos intereses políticos y económicos Areneros, “utilizando al entonces jefe fiscal Douglas Arquímides Meléndez”, despojaran a su representado, el empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais, de la inversión y las instalaciones donde funcionaba el ingenio azucarero denominado “EL CARMEN” que eran de su propiedad, el Estado salvadoreño haya resuelto garantizar el derecho de su cliente a la justicia y a una reparación integral de los daños y perjuicios sufridos en su patrimonio.
De acuerdo al abogado Miranda, su poderdante fue procesado ilegalmente por el entonces fiscal Douglas Meléndez, quien le fabricó un caso penal por el delito de Negociaciones Ilícitas y del que posteriormente fue declarado inocente y consecuentemente, sobreseído definitivamente.
De acuerdo al abogado Mirada Rubio, la resolución judicial que ordena garantizar sus derechos fundamentales al empresario Rais y resarcirlo económicamente, ha sido posible en virtud del acatamiento del Órgano Judicial a la resolución dictada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de Naciones Unidas. La GTDA, evaluó exhaustivamente la situación de persecución ilegal a la que ha venido siendo sometido el empresario Enrique Rais desde el año 2001.
La resolución de la GTDA ordena así mismo, que el Estado salvadoreño deberá realizar investigaciones, exhaustivas e independientes, contra los responsables de las violaciones a derechos humanos de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización por los daños sufridos en su patrimonio.
De acuerdo a las declaraciones del abogado Miranda Rubio, la Fiscalía General de la República (FGR) bajo titularidad de Douglas Meléndez, omitid investigar la denuncia interpuesta en su oportunidad por las sociedades INCANA, GRANJA LOS PATOS y ADMINISTRADORA EL CARMEN, propiedad de Enrique Rais.
Según Miranda la denuncia interpuesta por Rais se mantuvo inactiva durante todo el tiempo que Douglas Meléndez fue fiscal, hasta septiembre de 2019 en que el ex fiscal Raul Melara judicializó el caso, con el agravante, considerado por Miranda como “más grave y aberrante” de que, en vez de investigar los hechos denunciados por Rais, el fiscal Melara lo que hizo fue pedir al juez que conoció el caso, que los imputados fueran sobreseídos definitivamente a pesar de estar demostrada la responsabilidad penal de los imputados, contribuyendo de esa manera a que se produjera un caso más de impunidad de los que perjudicaron y llevaron a la quiebra dolosa el ingenio ” El Carmen”, quiebra que afectó sensiblemente a más de 1.200 empleados.
Desde entonces manifiesta el profesional del derecho, comenzaron a librar una batalla que llevó el caso hasta la Honorable Sala de lo Penal, que anuló el sobreseimiento definitivo y obligó a que se instalara de nuevo la audiencia inicial, donde en calidad de querellantes, Rais y sus abogados, demostraran que los hechos existieron, que tienen relevancia penal y que no han prescrito.
“Con las pruebas reales, objetivas y contundentes de cómo se fraguó un plan para llevar a la quiebra el ingenio El Carmen, con el detalle de los delitos en los que incurrieron los ex fiscales Meléndez y Melara, y la resolución de Naciones Unidas que confirma las violaciones a derechos humanos del Sr. Rais, hemos sustentado el caso y el juez de la causa resolvió en audiencia inicial, que pase a la siguiente etapa imponiendo a los imputaos medidas sustitutivas a la detención” explicó Miranda Rubio.
A los imputados, entre los que figura el ex fiscal RaúI Melara, se les acusa de los delitos de Administración Fraudulenta, Daños Agravados, Apropiación o Retención indevida y Actos Arbitrarios. A todos los imputados se les impuso como medidas a cumplir; no cambiar de domicilio, presentarse a firmar en el juzgado cada treinta días y restricción de no salir del país, durante todo el periodo de instrucción.
Según el abogado Miranda Rubio, “es muy alentador ver como el actual Sistema de Justicia viene cumpliendo con su mandato de administrar pronta, cumplida y recta justicia, especialmente dando cumplimiento a resoluciones internacionales” como la que fue emitida a favor de su cliente. De hecho, expresa que, como abogados de Rais, se encuentran permanentemente enviando información actualizada a los observadores de cumplimiento de ONU, quienes también se muestran satisfechos de las señales positivas que el Estado salvadoreño comienza a brindar en materia de respeto a los derechos humanos
