La Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió en su última plenaria dar 90 días hábiles adicionales a Sigfrido Reyes, presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA) y embajador para la Promoción de Exportaciones e Inversiones, para que aclare a la sección de Probidad de la CSJ los centenares de transferencias financieras que no ha podido explicar Probidad.
La Corte remitió a Reyes un documento, de cerca de 140 páginas, que contiene las transferencias monetarias de las que Probidad requiere respuestas. Este documento, junto a una esquela de notificación, fue remitido al funcionario el 24 de octubre pasado.
Reyes asegura que la Sección de Probidad ha auditado los tres períodos en que fue diputado entre 2009 y 2015, y también ha incluido transacciones realizadas antes y después de haber ejercido su cargo en la Asamblea.
El actual presidente de PROESA afirma en nota enviada a la Corte que una de las razones por las que solicitó la prórroga es que su cargo le exige realizar reuniones diplomáticas, acompañamientos a inversionistas y viajes en las próximas fechas.
El exdiputado también argumentó para pedir la prorroga de 90 días que si la Sección de Probidad realizó el examen de su patrimonio durante dos años, y aun así no cuenta con toda la documentación requerida, es imposible que las instituciones bancarias le puedan dar respuesta a él en 10 días hábiles.
El expresidente de la Asamblea Legislativa también señaló que existen algunas transferencias a las que apunta el informe de Probidad de las que, a su juicio, no está obligado a tener respaldos debido a que “no se refieren a montos significativos”.
Según Probidad, Reyes pasó de reportar un patrimonio líquido de $108,800 en 2006 a registrar $628,088.33 en abril de 2015, cuando terminó su tercer período como diputado y su cuarto año como presidente de la Asamblea.
De igual forma, el patrimonio de su esposa e hijos pasó de $218,065.11 en 2006 a $416,967.67 en abril de 2015. Por lo tanto, el patrimonio de Reyes y su familia subió más de $700,000 en sus tres períodos como diputado, la riqueza familiar pasó de $326,865 en 2006 a reportar un total de $1,045, 055 en 2015.
La nota discutida en el pleno de la Corte remite a que las notificaciones oficiales al presidente de PROESA pueden ser enviadas a las oficinas de ese organismo, a nombre de quien Reyes señala como su apoderada judicial: Brigithe Marroquín Flores, quien –según el portal de transparencia de PROESA– funge como gerente legal de PROESA.
Marroquín Flores, según su currículum, trabajó para Vuelos Económicos Centroamericanos, S. A. de C. V. (VECA), empresa en quiebra vinculada a fondos provenientes del proyecto de negocios del FMLN ALBA Petróleos.
