Agencias. La congresista estadounidense, Norma Torres, dijo este jueves que las reformas a la Ley de la Carrera Judicial socavan el Estado de Derecho en El Salvador y la independencia del Poder Judicial.
La influyente congresista ha condenado en varias ocasiones las decisiones del Gobierno y la Asamblea Legislativa.
La Asamblea reformó dos leyes que les permiten quitar inmediatamente jueces, magistrados y fiscales mayores de 60 años, hacer traslados y darle poder de sustitución inmediata de las vacantes a la Corte y Fiscalía. Sin embargo, la medida no afectaría a jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
“El Salvador dio otro salto drástico hacia la socavación del Estado de derecho, la independencia del poder judicial, la obstrucción de casos significativos y la politización de la justicia”, escribió en su cuenta de Twitter la legisladora estadounidense de origen guatemalteco.
Torres advirtió que El Salvador está colocándose del lado de los gobiernos no democráticos de la región. “Estos ataques a instituciones y principios democráticos amenazan los derechos humanos y ponen al país en un curso de colisión con las democracias regionales”, señaló.
“El gobierno de El Salvador debe respetar sus propias constituciones y democracia”, concluyó la congresista.
Por su parte el congresista demócrata Jim McGovern también rechazó la reforma por considerarla un intento del gobierno por fortalecer “su marca de autoritarismo”.
“Condeno la nueva ley inconstitucional en El Salvador que hace una purga de todos los jueces mayores de 60 años”, dijo McGovern en su red social.
Este miércoles, magistrados de Cámara, jueces de Primera Instancia y jueces de Paz de El Salvador se concentraron en el Centro Judicial Isidro Menéndez para acuerpar el pronunciamiento de la Mesa Judicial que rechaza el decreto de la Asamblea Legislativa en el que se reforma la Ley de la Carrera Judicial.
Los jueces anunciaron que recurrirán a instancias nacionales e internacionales para restituir el Estado Constitucional y democrático de derecho afectado gravemente por el decreto de la Asamblea Legislativa.
