Con el pretexto del veto presidencial al decreto de la Ley de Beneficios y prestaciones sociales para los veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN, el gobierno acusó a la Sala de lo Constitucional de cometer fraude a la constitución de la República.
El presidente hizo uso de sus facultades para vetar el decreto con el que la Asamblea Legislativa aprobó una pensión de $300 a veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN alegando que estos beneficios significarían una erogación de $288 millones anuales para pensiones y $240 millones para las indemnizaciones.
Además de considerar la inconveniencia de la Ley argumentó que Sala de lo Constitucional exige equilibrio presupuestario al Estado. El presidente justifica su decisión de veto con la sentencia de la Sala de lo Constitucional del 26 de julio de 2017 en la cual indica que los poderes Ejecutivo y Legislativo deben tomar las medidas necesarias “a fin de garantizar un presupuesto equilibrado”.
El veto presidencial asegura que cuando se habilitó “artificiosamente” a los antiguos integrantes de la Siget para retomar sus cargos, defraudó la constitución y desestimó la legitimidad sectorial de la que deben gozar, “en determinados casos” esos miembros.
El mandatario asegura que los diputados debieron tener en cuenta para la aprobación de la Ley de Beneficios para los militares y excombatientes del FMLN, la sentencia de la Sala de lo Constitucional exige un “equilibrio financiero” entre “ingresos, egresos y fuentes de financiamiento” del presupuesto.
Finalmente Sánchez Cerén dice el decreto vetado “amenaza la forma y sistema de gobierno” y que “tampoco puede permitísele a los tribunales interferir en la conformación de los órganos de dirección”, pues “se defrauda la Constitución”.
A los diputados de la Asamblea Legislativa les queda el recurso constitucional de superar el veto presidencial y dejar vigente el decreto de beneficios para los veteranos de la Fuerza Armada y los excombatientes del FMLN.
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