Con el control del Senado, los Demócratas podrán bloquear nominados de Trump a Corte Suprema
La nueva mayoría demócrata tendrá capacidad para frenar las propuestas judiciales del presidente, negarles la confirmación o impedir que lleguen a votación. Chuck Schumer anticipó que utilizará ese poder frente a candidatos que considere inaceptables. El alcance de esa facultad dependerá de las vacantes que se produzcan y de la cohesión de la bancada
La victoria del Partido Demócrata en las elecciones legislativas del 3 de noviembre modificará el equilibrio institucional de Estados Unidos y limitará la capacidad del presidente Donald Trump para ampliar su influencia sobre el Poder Judicial federal. Con el control del Senado a partir de enero de 2027, los demócratas tendrán en sus manos una de las atribuciones más importantes de esa cámara: aprobar o rechazar los nombramientos presidenciales para la Corte Suprema y otros tribunales federales.
La agencia Associated Press informó el 6 de noviembre que los demócratas tendrán al menos 54 de los 100 escaños del Senado, con la posibilidad de alcanzar 56 cuando concluyan los recuentos pendientes en Alaska y Misisipi. La organización ya había declarado el triunfo demócrata en la disputa por el control de la cámara alta durante la noche electoral del 3 de noviembre.
El resultado representa un cambio significativo frente al Senado republicano que ha acompañado a Trump durante buena parte de su segundo mandato. La nueva mayoría podrá controlar la agenda legislativa, dirigir las comisiones y, sobre todo, decidir qué nominaciones judiciales reciben trámite y cuáles no avanzan.
El líder demócrata Chuck Schumer, quien previsiblemente asumirá como líder de la mayoría, declaró a AP que su partido impedirá que Trump coloque en la Corte Suprema a un magistrado al que considera ideológicamente inaceptable. También anticipó resistencia frente a nominados que el partido juzgue inadecuados para otros tribunales federales y cargos del Gobierno.
El poder constitucional del Senado
La Constitución estadounidense establece en su artículo II, sección 2, que el presidente tiene la facultad de nominar a los magistrados de la Corte Suprema, pero su nombramiento requiere el consejo y consentimiento del Senado. Esto significa que el mandatario no puede designar unilateralmente a un juez del máximo tribunal: necesita la aprobación de la cámara alta.
El procedimiento comienza cuando la Casa Blanca presenta oficialmente una candidatura. Habitualmente, el Comité Judicial del Senado examina los antecedentes del aspirante, celebra audiencias y decide si recomienda avanzar con la nominación. Posteriormente, el pleno puede debatir y votar.
Con el control de la cámara, los demócratas podrán presidir el Comité Judicial, determinar buena parte de su agenda y ejercer influencia decisiva sobre el calendario de las nominaciones. También podrán votar en contra de un candidato cuando el asunto llegue al pleno o, mediante el control de los procedimientos y la agenda, impedir que se programe una votación.
La confirmación de un magistrado de la Corte Suprema requiere una mayoría simple de los senadores que participan en la votación, siempre que exista quórum. No se necesitan 60 votos para confirmar a un juez del máximo tribunal. Esta distinción es fundamental porque el umbral de 60 votos, asociado históricamente al procedimiento para cerrar el debate en el Senado, dejó de aplicarse a las nominaciones de la Corte Suprema después de un cambio de precedente parlamentario en 2017.
En abril de ese año, la mayoría republicana utilizó la llamada “opción nuclear” para eliminar el requisito de 60 votos para poner fin al debate sobre la nominación de Neil Gorsuch, el primer candidato de Trump a la Corte Suprema. La decisión permitió que Gorsuch fuera confirmado por mayoría simple. Desde entonces, las nominaciones al máximo tribunal pueden avanzar bajo ese mismo umbral.
Por tanto, si los demócratas mantienen unidos sus votos y cuentan con una mayoría suficiente, podrán rechazar a un candidato presidencial sin necesidad de reunir una supermayoría. También pueden optar por no llevar una candidatura a votación, una herramienta que el Senado ha utilizado en otros momentos de su historia.
El precedente de Merrick Garland
Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en 2016, durante la presidencia de Barack Obama. Tras la muerte del juez Antonin Scalia, Obama nominó a Merrick Garland para ocupar la vacante en la Corte Suprema. Sin embargo, el Senado, entonces bajo control republicano, no celebró audiencias ni sometió la candidatura a votación.
La mayoría republicana argumentó que correspondía al siguiente presidente realizar el nombramiento porque el proceso electoral estaba en marcha. La decisión dejó la vacante sin cubrir hasta que Donald Trump asumió la presidencia y nominó a Neil Gorsuch en 2017.
El episodio demostró que el control de la cámara alta permite ejercer poder no solo mediante un voto de rechazo, sino también al retener una nominación y evitar que llegue al pleno. La Constitución establece que el Senado debe dar su consentimiento para los nombramientos, pero no fija un plazo obligatorio para considerar cada candidatura presidencial.
La nueva mayoría demócrata podría recurrir a una estrategia semejante si Trump presenta un candidato para una eventual vacante en la Corte Suprema. Sin embargo, cada nominación tendría que analizarse conforme a las circunstancias políticas y parlamentarias del momento.
La Corte Suprema no cambia automáticamente
El control del Senado no modifica por sí mismo la composición de la Corte Suprema ni permite a los legisladores retirar a los magistrados que ya ocupan sus cargos. Los jueces federales, incluidos los nueve integrantes del máximo tribunal, ejercen sus funciones durante el tiempo que mantengan una conducta adecuada, una protección que en la práctica les otorga permanencia de por vida.
Su salida puede producirse por renuncia, retiro, fallecimiento o destitución mediante un proceso de juicio político. El Senado no tiene facultad para removerlos simplemente porque cambie la mayoría partidaria.
En consecuencia, la capacidad de Trump para nombrar nuevos magistrados dependerá de que se produzca una vacante durante el tiempo que le resta de mandato. Si ninguno de los actuales jueces deja su puesto, el presidente no tendrá una oportunidad de realizar nuevos nombramientos para la Corte Suprema, independientemente de quién controle el Senado.
La atención pública se ha concentrado en la edad de algunos integrantes del tribunal, entre ellos Clarence Thomas y Samuel Alito. No obstante, hasta el momento no se ha anunciado oficialmente que alguno tenga previsto retirarse. La posibilidad de una vacante es, por tanto, un escenario eventual y no un hecho confirmado.
Trump nombró a tres magistrados durante su primer mandato: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett. Sus designaciones consolidaron una mayoría conservadora en la Corte Suprema. Una nueva nominación podría influir en el equilibrio ideológico del tribunal durante décadas, dado el carácter vitalicio de los cargos.
El cambio de poder comenzará en enero
Aunque las elecciones ya definieron qué partido controlará el Senado, la nueva mayoría no asumirá inmediatamente sus funciones. De acuerdo con la Vigésima Enmienda de la Constitución, los mandatos de los senadores y representantes comienzan al mediodía del 3 de enero de los años impares. Por ello, los republicanos conservarán el control de la cámara durante el periodo restante del actual Congreso.
Esto abre una ventana de tiempo en la que la administración Trump todavía podría intentar avanzar con nominaciones antes de que los demócratas asuman el control. Una candidatura presentada y confirmada antes del cambio de legislatura no podría ser anulada simplemente por el resultado electoral.
A partir del 3 de enero de 2027, en cambio, los demócratas estarán en posición de decidir el rumbo de las nominaciones que permanezcan pendientes y de las que el presidente presente posteriormente.
El nuevo escenario no significa que Trump pierda su facultad constitucional de proponer candidatos ni que los demócratas puedan imponer sus propios magistrados sin la participación presidencial. El Ejecutivo conserva el poder de nominación y el Senado mantiene la atribución de dar o negar su consentimiento.
La diferencia radica en que, durante los dos últimos años del mandato de Trump, la decisión sobre quién puede incorporarse al máximo tribunal dejará de estar en manos de una mayoría republicana y pasará a una cámara controlada por sus adversarios políticos.
El resultado convierte las nominaciones judiciales en uno de los principales campos de disputa institucional entre la Casa Blanca y el Congreso. Más allá de la agenda legislativa, la nueva correlación de fuerzas podría determinar si Trump consigue realizar nuevos nombramientos en la Corte Suprema antes de concluir su presidencia.
