Un comité independiente de la ONU recomendó al Estado salvadoreño que legalice el aborto, al menos en los casos de violación, incesto, riesgo a la vida o la salud de la madre o una grave malformación del feto.
En su informe sobre la situación de la mujer en El Salvador publicado a raíz de una audiencia celebrada el pasado 17 de febrero, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU señala que la criminalización en el Código Penal obliga a las mujeres a menudo a recurrir a métodos inseguros para abortar y que ponen en riesgo su vida y salud.
Los supuestos expertos independientes del comité están además preocupados por el procesamiento judicial de mujeres por haber abortado, el hecho de que pasen largos periodos detenidas antes del juicio y por lo que ellos consideran “sanciones penales desproporcionadas” que ellos opinan se aplican a mujeres que tratan de abortar y a mujeres que sufren un aborto natural.
Igualmente le inquieta al comité el encarcelamiento de mujeres después de haber acudido a un hospital en busca de atención médica y que el personal sanitario, al observar el ilícito, las haya denunciado ante las autoridades por miedo a ser sancionado.
Con estas excusas, los supuestos expertos recomiendan al Estado salvadoreño que no solo legalice el aborto, sino que también introduzca una “moratoria” a la aplicación de la legislación actual y revise la detención de mujeres por delitos relacionados con esta práctica. Esta práctica sería inconstitucional en El Salvador y no hay ninguna ley ni convenio (doméstico o internacional) por encima de la Constitución de la República.
El Gobierno salvadoreño debe asegurar la liberación de esas mujeres y salvaguardar su derecho a la inocencia y al debido proceso en procesos relacionados con el aborto, indica el comité.
Asimismo, el comité sugiere al Gobierno que introduzca el secreto profesional para todo el personal sanitario y asegure la confidencialidad ante pacientes.
Según los expertos, la aplicación de la ley es acoso y discriminación.
