El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández, aseguró esta tarde que ese organismo no podrá conocer de la demanda que pretende interponer el presidente Nayib Bukele contra la Sala de lo Constitucional de la Cote Suprmea de Justicia (CSJ) y la Asamblea Legislativa.
“La comisión no tiene competencia para resolver las controversias entre dos o más órganos de Estado, de hecho, ningún organismo internacional o algún tribunal internacional entraría a conocer de esas controversias entre órganos del Estado”, dijo Hernández, al responder a una de las preguntas de los participantes en el foro “Salvadoreños varados en el exterior en el contexto del COVID 19”..
Agregó que “la competencia de la Comisión es respecto de presuntas violaciones que algún agente del Estado cometa en contra de las personas, violaciones a la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, esa es la competencia material y personal de la Comisión”.
Señaló que en el caso de El Salvador es evidente la controversia que ha generado el Ejecutivo contra los órganos Judicial y Legislativo, que tienen que ser resueltos a través de los medios constitucionales que tiene El Salvador.
Hernández destacó el papel que juega la Sala de lo Constitucional, la Asamblea Legislativa y la Procuraduría para la Defensa de los Derchos Humanos (PDDH) por preservar el Estado de Derecho en esta emergencia por la pandemia en El Salvador.
Bukele aseguró que “la denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se interpondrá luego de que la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia no permitieron que el gobierno implementara las medidas para proteger la salud y la vida del pueblo salvadoreño”.
La amenaza de Bukele con denunciar a esos dos órganos de Estado ante la CIDH surgió porque la Sala de lo Constitucional suspendió la prórroga del estado de emergencia por 30 días más ante la pandemia del Covid 19. Además porque la Asamblea Legislativa no le aprobó otra prórroga del estado de emergencia y por el contrario, aprobó una nueva ley que contempla la recuperación económica del país.
El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, pidió a la Comisión que declare inadmisible la demanda porque considera que “es un error porque es demagogia, porque no puedo creer que los asesores jurídicos de la Presidencia no estén al tanto de las reglas elementales”.
Agregó que “si no las conocen, creo que es hora que empiecen a examinarlas, a estudiarlas, a comprender en qué consisten estos derechos en materia de derechos humanos y en que consisten las obligaciones juridicas que obligan a El Salvador, de cualquier color político, y que están siempre obligadas a cumplir con esos compromisos jurídicos internacionales”.
