El juez de Extinción de Dominio de San Salvador, rechazó los criterios sustentados por el ex fiscal Meléndez,quien pretendía inmovilizar los bienes del también ex fiscal Luis Antonio Martínez, se declaró incompetente y ordenó devolver el expediente al juez de Paz del cual recibió las diligencias de extinción.
En su resolución, el tribunal expone, con base a la ley aplicable, que no es competencia de ese juzgado realizar las diligencias solicitadas por el juzgado de Paz porque los hechos delictivos que se le atribuyen a Martínez no son de los que se relacionan con las organizaciones criminales tal como era la pretensión del ex fiscal Douglas Meléndez.
La resolución también expresa carecer de competencia material, para conocer y tramitar las diligencias solicitadas, por lo que ordena su devolución al Juez de Paz del cual las recibió.
Esta resolución ha sido interpretada como un rechazo contundente a las arbitrariedades con las que Meléndez dejó fundamentados diversos casos emblemáticos que atentan contra el debido proceso y la seguridad jurídica del país.
E Juzgado Especializado de Sentencia “B” también se pronunció recientemente en el sentido de aceptar la competencia para conocer del Juicio contra Luis Martínez y otros imputados, “debido a la complejidad procesal que ha significado la investigación y tramitación del presente caso y no por tratarse de delito de crimen organizado.”
De esta manera, dos de los tribunales especializados en la materia, han desvirtuado con criterios judiciales contundentes, la calificación que de forma incomprensible realizó el Tribunal 1º de Sentencia de San Salvador.
Abogados que fueron consultados a cambio de no publicar sus nombres criticaron al Juez Primero de Sentencia de San Salvado, manifestando que por vez primera un Tribunal común, ya en etapa de celebración de Juicio, se declaraba incompetente y calificando la causa como parte del crimen organizado.
Entre los señalamientos de los abogados está el hecho de que un Tribunal de Sentencia común, ha realice una calificación de hechos y circunstancias que la fiscalía nunca demostró que el ex fiscal Martínez perteneciera una organización criminal. Los abogados agregaron que podríamos estar frente a hechos de prevaricato y arbitrariedades que debe revisar la Corte Suprema de Justicia
A partir de la decisión del juzgado de extinción, la causa contra Luis Martínez pasará de nuevo a un juzgado común, quien deberá decidir si es competente o no para conocer de las diligencias; caso contrario, deberá remitirse a la Corte Suprema de Justicia, para que resuelva un eventual conflicto de competencia.
Tanto los profesionales entrevistas como diversos sectores de la sociedad, se lamentaron de que la prensa tradicional, “después que han condenado mediáticamente a los procesados en el caso Rais -Martínez, ahora que han comenzado a conocerse las arbitrariedades e ilegalidades con las que actuaba el ex fiscal Meléndez, guarden silencio al respecto.
El actual Fiscal, Raúl Melara, ha girado instrucciones precisas de que se revisen los expedientes de casos emblemáticos que han sido señalados como “montajes” y sobre los cuales varios fiscales han comenzado a declarar, reconociendo que “se fabricaron pruebas” y que otras se obtuvieron de manera ilícita, esto para ser consecuente con sus declaraciones de que la FGR será garante, no solo de los intereses de la sociedad, sino del derecho de los ciudadanos a ser considerados inocentes. Melara también ha dicho que la justicia pasa por la reparación y defensa de los derechos de los ciudadanos en particular y no solo por la búsqueda de la culpabilidad en hechos que se les imputan.
De igual manera, ha trascendido que el ministerio público está empeñado en una labor de reingeniería “moral” que implica la revisión exhaustiva de casos como el llamado Rais-Martínez, El Chaparral, Caso Taiwan, Caso Sigfrido Reyes, el caso de los once fiscales acusados de “montar” juicios, caso de “Chepe Diablo” et.etc, en los que existen denuncias fundamentadas contra mal proceder de Meléndez y sus once colaboradores.
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