El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, pidió ayer a la Fiscalía General de la República que investigue al expresidente Salvador Sánchez Cerén por las anomalías e irregularidades en la II Fase de construcción de la presa el Chaparral .
El funcionario presentó un aviso para que el Ministerio Público sea el que deduzca responsabilidades y determine quiénes incurrieron en los supuestos delitos de corrupción en la construcción de dicha presa.
“La Fase I nos da una antesala de lo que se dio en El Chaparral, donde están involucrados el expresidente de la República Mauricio Funes, en donde su círculo personal pasó dinero por ahí y vino a finalizar en el spa de la actual pareja del expresidente”, dijo Álvarez.
Según el presidente de la CEL, en la Fase II se le dio continuidad a esos actos ya que el proyecto debió haber costado $208 millones y no $756 millones, esa gran diferencia de dinero erogado da pie a pensar que hay actos de corrupción, agregó.
El funcionario de CEL dijo que por el momento, la administración actual de la autónoma no puede determinar cantidades de dinero supuestamente sustraídos para el cuestionado proyecto El Chaparral pero que existen auditorías que revelarán esos datos.
El aviso presentado ayer también pretende que se indaguen supuestas anomalías que habrían ocurrido durante la administración presidencial de Salvador Sánchez Cerén y que se le denomina Fase II.
La Fase I es la que ya está judicializada y cuyo caso se diligencia en el Juzgado 9o. de Instrucción en contra del expresidente de la República Mauricio Funes y otros cinco imputados señalados por la Fiscalía de peculado, lavado de dinero, cohecho propio y agrupaciones ilícitas.
En esta causa penal el Ministerio Público señala una serie de irregularidades en la construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, en la jurisdicción de San Luis de la Reina, departamento de San Miguel. Supuestamente, tras un arreglo entre CEL y Astaldi S.p.a, El Salvador, el Estado sufrió un perjuicio económico de $105.5 millones, por obras no ejecutadas. En este caso CEL reclama $45 millones 244 mil 418, en concepto de responsabilidad civil por daños y perjuicios ocasionados.
