La presidencia de la República negó a la Fiscalía General de la República (FGR) el registro de uso de vehículos oficiales, con la excusa que el libro no se encuentra en el lugar.
Un grupo de fiscales irrumpió en la Casa Presidencial (CAPRES) con una orden judicial para “secuestrar” los libros de registro de entradas y salidas de vehículos, los cuales deben estar en manos del Batallón Presidencial, entidad militar que está en la obligación de lleve un registro de las entradas y salidas de cualquier vehículo de las oficinas del presidente de la República.
Los fiscales llegaron con el propósito de averiguar el nombre del funcionario o empleado que salió manejando una camioneta que atropelló y mató al motociclista Mario Alberto García, empleado de una empresa alimenticia en el Puerto de La Libertad, dias atrás.
Los fiscales explicaron que el proceso tendrá reserva, es decir, nadie excepto los involucrados conocerán los detalles.
El fiscal general, Douglas Meléndez, dio a conocer, de manera oportuna y a manera de aviso, este lunes, a CAPRES que sus fiscales se harían presentes la misma mañana, por lo que los libros desaparecieron de manera súbita y podrían estar siendo falseados para ocultar la identidad del homicida.
Dos motoristas que se conducían en sus motos, en el Puerto de La Libertad, fueron embestidos por una camioneta que esta al servicio de un alto funcionario de Casa Presidencial.
Uno de los motoristas perdió la vida en el incidente pero cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se aprestaban a intervenir, un grupo de efectivos de Estado Mayor Presidencia, al servicio de CAPRES y fuertemente armados, impidieron sus labores y bajo amenaza trasladaron la camioneta hasta una vivienda en Santa Tecla.
Los rumores sobre la persona que se conducía en la camioneta mencionan al Secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, e inclusive se llegó a relacionar al mismo vicepresidente de la República, Oscar Ortíz.
La semana pasada circularon versiones en el sentido de que un funcionario de la Secretaría de Asuntos Legales de la CAPRES había conciliado con los familiares de la víctima a cambio de $2.500 dólares pero la versión no pudo ser confirmada.
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