La Cámara Primera de lo Penal confirmó el jueves la sentencia de 30 años de prisión que le fue impuesta en 1992 al coronel Guillermo Alfredo Benavides por su participación en la matanza de seis sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989.
El coronel Benavides, dos tenientes, un subteniente y cinco soldados del batallón de Reacción Inmediata “Atlacatl”, entrenado en Estados Unidos, fueron procesados por la matanza, pero en 1991 un jurado absolvió a la mayoría de los acusados.
El coronel Benavides y el teniente Yusshy Mendoza fueron condenados, pero luego quedaron en libertad gracias a una amnistía decretada por el gobierno del presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), para proteger a los comandantes de la guerrilla del FMLN y a los militares, después de publicarse un tendencioso informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que investigó y documentó la masacre de manera mal intencionada y a favor de la izquierda.
Yusshy Mendoza goza de asilo en España como informante de los hechos.
En julio de 2016, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador derogó la Ley de Amnistía General decretada en 1993, que impedía investigar y juzgar a los culpables de crímenes cometidos durante los 12 años de guerra civil y abrió las puertas para que los criminales de guerra, sean militares o guerrilleros, sean llevados ante la justicia.
Los 15 magistrados de la Corte Suprema acordaron que los sargentos Tomás Zárpate Castillo y Antonio Ramiro Ávalos Vargas y el cabo Ángel Pérez Vásquez, recuperarían la libertad sin restricción alguna, y que el coronel Benavides quedará detenido y cumpliría la condena de 30 años que le fue impuesta en 1991 por su participación en la masacre.
Benavides había sido favorecido y sobreseído con la aprobación de la ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993, la misma que el pasado 13 de julio fue declara inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Luego que fuera derogada la ley de amnistía, el juez Cuarto de Instrucción, Elmer Chavarría, confirmó la condena de 30 años, y los defensores del militar apelaron la decisión ante un tribunal superior, pero la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, confirmó la sentencia.
Los jesuitas españoles, quienes eran líderes intelectuales de la subversión guerrillera durante el conflicto armado, Segundo Montes, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Armando López, Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López fueron ejecutados en noviembre de 1989 en el jardín de su casa en la que vivían dentro del campus de la UCA. Sus dos colaboradoras Elba y su hija Celina Ramos, también fueron asesinadas.
