San Salvador,.- El General Bustillo, ex comandante la Fuerza Aérea de El Salvador, fue notificado este martes de los cargos que la Fiscalía General de la República ha formulado en su contra y doce personas por la muerte de seis jesuitas en 1981 mientras una ofensiva guerrillera marxista leninista se desarrollaba en el país..
Bustillo fue el único de los altos jefes militares que acudió al juzgado Tercero de Paz de San Salvador para conocer el delito que le es imputado por la Fiscalía General de la República (FGR).
A la audiencia también estaban citaos el ex presídeme Alfredo Cristiani y el diputado Rodolfo Parker pero esos dos últimos no acidieron ni se hicieron representar por l que serán juzgado en calidad de prófugos.
Bustillo, que es acusado de omisión en el delito de asesinato, dijo a periodistas, a su salida del juzgado, que está “dispuesto a colaborar con las instituciones que imparten justicia” y aseguró que va “a decir toda la verdad, y nada más que la verdad de todo”.
El ex comandante de la FAES o dijo si “la verdad” a la que se refería implica una nueva versión de los acontecimientos-
“No puedo adelantar nada, pero siempre he sido responsable, una persona responsable, un hombre responsable, por eso que he venido aquí para que todos tengan el conocimiento que no me ando escondiendo de nada”, manifestó.
Además de Cristiani y Bustillo, también son señalados los militares Juan Orlando Zepeda Herrera, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López y Joaquín Arnildo Cerna Flores.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña, un comando élite del Ejército ejecutó a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
La anulación de una ley de amnistía de 1993, por un fallo constitucional de 2016, permitió que se reabriera proceso. Cristiani se encuentra supuestamente en Italia a donde habría huido la semana pasada y el otro, Parker, porque se ignora su paradero.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el lunes 5 de enero de 2022 a la Sala de lo Penal modificar la resolución del 8 de septiembre de 2020, que establecía que no debía investigarse a los autores intelectuales de la matanza y habían decretaron el sobreseimiento definitivo.
Los imputados habían solicitado que el caso no se abriera por considerarlo una violación a derechos fundamentales. Sin embargo, la Sala de lo Penal declaró inadmisible lo solicitado y ordenó que los imputados podían ser juzgados nuevamente.
Por su parte los representantes legales de Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Nelson Iván López, Óscar Alberto León, Manuel Antonio Ermenegildo y Joaquín Arnoldo Cerna fueron notificados sobre los delitos acusados.
