La agencia noticiosa española EFE, informó el jueves que los militares a los que pretenden involucrar en la muerte de guerrilleros y sus colaboradores en El Mozote, en 1989, serían procesados con una ley de 1973, vigente al momento de la supuesta matanza y que establece la pena de muerte como la máxima condena en caso de asesinato.
La información proporcionada por supuestas fuentes legales en San Francisco Gotera, departamento de Morazán, lugar donde ocurrieron los hechos, contiene dos errores garrafales: uno, el hecho conocido como el caso del Mozote, se produjo el la segunda quincena del mes de diciembre de 1981 y no en 1989 como dice la nota y segundo, el despacho periodístico omite decir que la pena de muerte en el país solo estaba contemplada en los casos previstos por las leyes militares durante el estado de guerra internacional. En El Salvador, lo que se produjo fue un conflicto armado interno.
Artículo 27 de la Constitución de la República vigente durante el conflicto armado.- ” Sólo podrá imponerse la pena de muerte en los casos previstos por las leyes militares durante el estado de guerra internacional”.
Según EFE, “La audiencia de notificación de los nueve cargos que afrontan los militares retirados comenzó ayer y concluyó este jueves, y a esta se presentaron 12 de los 18 llamados, entre los que se encuentra parte de la cúpula militar que dirigió el Ejército salvadoreño durante los primeros años de la agresión comunista que sufrió la República (1980-1992).
“De acuerdo al abogado Mauricio Guzmán, defensor de otros 16 militares a quienes pretenden vincular a la masacre de seis jesuitas, la aplicación del código de 1973 y sus penas será uno de los elementos que los jueces deberán valorar en estos procesos, frente a la actual Constitución, que solo permite la pena de muerte en la leyes militares para una situación de guerra internacional.
“Nadie puede ser juzgado si no es con las leyes que se encontraban vigentes” al momento de ser cometido el delito y de que estas “no pueden aplicarse de forma retroactiva”.
El proceso por la supuesta masacre de campesinos guerrilleros y sus colaboradores, voluntarios y forzados, en El Mozote fue reabierto por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera tras la anulación, en julio de 2016, de la ley de amnistía de 1993 que bloqueaba cualquier proceso por los crímenes de guerra o lesa humanidad cometidos en la guerra.
Por otra parte, Wilfredo Medrano, abogado y representante de las familias de las víctimas de la masacre de El Mozote, aseguró que la renovación del Código Penal en 1997, de la Constitución en 1983 y la firma de los tratados internacionales sobre la abolición de la pena de muerte “superan” a lo establecido en la ley de 1973.
“Eso (la pena de muerte) ya se superó en El Salvador y hemos evolucionado”, acotó el letrado, quien añadió que la “retroactividad” de las penas se pueden aplicar solo para beneficio de los imputados y que en esta caso podrían recibir las de 1973, porque son inferiores a las establecidas actualmente.
Según el abogado, en la audiencia especial de intimación, que concluyó este jueves, el juez “recibió informe” de que uno de los imputados ya falleció, mientras que los otros cinco ausentes deben ser llamados nuevamente y, de no presentarse, serán requeridos por apremio, es decir, a través de la ayuda de la Policía.
Los militares imputados forman parte de la “estructura de mando que ejercía el poder” en el Ejército en 1981 y la estructura operativa del Batallón Atlacat, que perpetró la supuesta matanza, explicó.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón elite Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños. El reporte ha sido calificado de “tendencioso e inexacto” por expertos e historiadores desde el momento que fue emitido.
Durante los 12 años de guerra, en los que se enfrentaron la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora en el poder como partido político, y el Ejército de ese país, financiado por los Estados Unidos, murieron unas 75.000 personas y desaparecieron otras 8.000.
Tras la anulación de la amnistía, también se espera que la Universidad Centroamericana (UCA), fundada por la Compañía de Jesús, pida la reapertura del juicio por lamuerte de cinco curas jesuitas españoles, uno salvadoreño y dos de sus colaboradoras, quienes eran líderes intelectuales del levantamiento armado, perpetrada en su campus por el Ejército en 1989.”
