Nayib Bukele se centrará los próximos dos meses en una campaña electoral en búsqueda de una reelección prohibida por la Constitución Política de El Salvador.
El polémico mandatario llegó al poder en la la octava elección presidencial desde la promulgación de la Constitución de la República de 1983 y logro la mayor magistratura del país con 479,991 votos de los 5,2 millones de salvadoreños convocados a votar en 2019.
La aspiración reeleccionista de Bukele arrancó en septiembre de 2021, cuando una nueva Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), impuesta por él, modificó el criterio en contra de la reelección inmediata en El Salvador. Se trató de un movimiento político similar al que usaron Juan Orlando Hernández en Honduras y Daniel Ortega en Nicaragua para perpetuarse en el poder.
La CSJ decidió cambiar el significado de la palabra «inmediato» según la Real Academia de la Lengua:
| Sin.: | contiguo, aledaño, colindante, cercano, próximo, vecino, adjunto, seguido. |
| Ant.: | alejado, separado. |
Además, reinterpretó la Ley Fundamental salvadoreña, que prohíbe, en al menos cinco artículos, la reelección inmediata.
Bukele obtuvo el pasado jueves en la Asamblea Legislativa un permiso que le dio vía libre para ausentarse seis meses del cargo y comenzar la carrera por su reelección. La petición fue aprobada por 67 de los 84 diputados, entre el oficialismo y sus aliados.
Bukele ignoró desde septiembre los múltiples llamados a respetar lo que dice la máxima ley de El Salvador y se lanzó a la carrera reeleccionista en uno de sus mejores momentos de popularidad: bajo el polémico Régimen de Excepción que ha desarticulado la violencia de las pandillas y le ha generado una opinión favorable entre los salvadoreños, a pesar de las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos en las prisiones, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas y hasta muertes bajo la tutela del Estado.
No solo la Justicia y las encuestas juegan a favor de Nayib Bukele, también lo hace una oposición que carga casos de corrupción, que no ha sido capaz de desligarse del anterior liderazgo de sus partidos, cuyos exdirigentes no se encuentran en el país o se alejaron del partido que les dio de comer y les permitió sus actos de corrupción, agravado por su poco arrastre ciudadano e incapaces de conseguir los fondos necesarios para transmitir a la población su nueva realidad.
Otras dos violaciones constitucionales
Al otorgar el permiso a Bukele y a Ulloa, los diputados oficialistas simularon el cumplimiento formal de normas constitucionales mientras violaban otras que prohíben la reelección, el abandono del cargo presidencial y las que regulan el nombramiento y la función de los designados presidenciales. Además de dejar vacante la vicepresidencia de la República, lo que rompe la línea de mando del estado.
No hay presidente en El Salvador
Claudia Juana Rodríguez de Guevara fue impuesta en la presidencia sin el voto popular, solo con un voto de segundo grado de los diputados, que no es admitido para la primera magistratura del Estado, además de no tener «Second». Según abogados constitucionalistas hay, en la vicepresidencia de la República un caso de «Sede Vacante».
Rodríguez Guevara no es política, fue financiera de las empresas familiares de Bukele y secretaria de finanzas del partido Nuevas Ideas, además, la presidenta interina de El Salvador ocupa múltiples cargos, entre ellos la presidencia de la Junta Directiva de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), institución de la que en 2020 la Fiscalía General recibió 12 informes de la Comisión Anticorrupción sobre el uso irregular de más de 150 millones de dólares de fondos utilizados bajo la sombrilla de la emergencia por la pandemia.
Así, Claudia Juana Rodríguez de Guevara se ha convertido en la primera mujer en ocupar la presidencia de El Salvador.
Bukele mantiene el fuero y es impune a cualquier acusación
La licencia otorgada a Bukele no le quita el fuero presidencial, por lo que cualquier calumnia que pueda decir en campaña no tendrá consecuencias legales. Bukele tiene licencia para mentir, destrozar el honor de sus contrincantes o decir lo que se le ocurra, lo que no es el caso de sus adversarios.
Además, el mandatario cuenta con todos los recursos logísticos y financieros para moverse por todo el país, acompañado de una campaña de logros de su gobierno, ilimitada.
Al mismo tiempo, los partidos de oposición no han recibido un centavo de la deuda electoral que el Estado les debe desde las elecciones pasadas, la cual, a pesar que el Tribunal Supremo Electoral ya reporto a Hacienda, la secretaría de estado se ha negado a hacerla efectiva. Pero al oficialismo y sus aliados, la entregó de inmediato. Se trata, según analistas políticos de un preclaro caso de «tigre suelto contra burro amarrado».
