Una nota de la Agencia Efe publicada este martes, dice que el presidente electo Nayib Bukele, habría denunciado, a través de las redes sociales, la existencia de “maniobras” por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, para que se apruebe de forma “exprés”, una ley de amnistía para los crímenes de guerra del conflicto civil, (1980-1992).
“La Asamblea Legislativa intenta una aprobación exprés de la nueva ley de amnistía”, publicó en sus redes sociales Bukele, quien asumirá la presidencia el próximo 1 de junio.
Además Bukele añadió que los legisladores “quieren discutirla, dar dictamen, mandarla al pleno, aprobarla y enviársela al presidente para su sanción en una semana”.
Esto en referencia a un informe que recibió este lunes la Junta Directiva del Congreso sobre el trabajo de una comisión especial que analizó las “implicaciones” de la anulación de la ley de amnistía de
1993 por un fallo de la Corte Suprema de julio de 2016.
Dicho informe será conocido por la Comisión Política, que reúne a los principales líderes del Congreso, y “trabajará en un proyecto de ley”, informó el órgano de Estado.
Para la creación de dicha iniciativa, añadió el Órgano Legislativo, se realizará un “proceso de consulta con muchas organizaciones no gubernamentales, sean de derechos humanos, víctimas o testigos del
conflicto”.
El partido de Bukele, la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), anunció en sus redes sociales que sus 10 diputados “no darán sus votos para aprobar de forma exprés la nueva ley de amnistía”.
La legislación salvadoreña establece que para la aprobación de una ley se necesitan al menos 43 votos de los 84 diputados, por lo que la amnistía podría ser aprobada sin los legisladores de GANA.
La comisión que estudió la sentencia del Supremo fue cuestionada desde su creación por diversas organizaciones de derechos humanos, dado que todos sus miembros estuvieron relacionados directamente con la guerra
civil salvadoreña.
Las críticas aumentaron cuando recibió una propuesta de ley de “reconciliación nacional”, que buscaba, según diversos activistas, amnistiar nuevamente los crímenes de guerra y los de lesa humanidad.
Esto llevó al presidente de la comisión y diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodolfo Parker, a renunciar y separarse del grupo de legisladores.
Parker, señalado por un informe de la ONU que investigó los crímenes de la guerra civil salvadoreña de alterar las declaraciones sobre la masacre de 6 jesuitas en 1989, fue quien presentó la cuestionada
propuesta.
El Congreso de El Salvador emitió en 1993 la ley de amnistía poco tiempo después de que se hiciera público el Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU.
Esta ley fue anulada en julio de 2016 por una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, lo que permitió reabrir procesos penales por crímenes como el asesinato de los jesuitas, la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y el asesinato de san Óscar Arnulfo Romero (1980).
Los jueces constitucionales ordenaron en el fallo al Congreso crear una ley para sustituir a la anulada y que se centre en la reparación a las víctimas de las violaciones a derechos humanos.
