Author: antonio

El fiscal general de la República, Raúl Melara, descalificó la capacidad de hacer investigaciones de carácter legal de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción de El Salvador (CICIES).

Melara le aclaró al presidente Bukele y a la población en general que el Ministerio Público es la única institución que tiene la facultad de investigar y perseguir el delito en el país, “ninguna entidad nacional o internacional le puede quitar atribuciones a la Fiscalía”, aseguró el fiscal a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.

Raúl Melara aclaró que ni él ni la institución que dirige tienen conocimiento de los términos en que funcionará la CICIES, sin embargo, en los próximos días llegará al país una comisión de la Organización de Estados Americanos, organización que se ha plegado al proyecto del Ejecutivo salvadoreño y esperan poder conocer en qué consistirá el tratado y las funciones que esta realizará en el país.

“No hemos visto el acuerdo, entiendo que una comisión de la OEA vendrá en próximas semanas para reunirse con esta Fiscalía y veremos en qué va a consistir la cooperación que va a dar», «A la fecha no podemos hablar todavía nada en concreto, hasta ver el marco suscrito entre el presidente de la República y la OEA, y qué es lo que pretenden, la manera de colaborar con la Fiscalía General”, dijo el fiscal a los diputados.

El fiscal Melara aprovechó para recordar, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, la importancia de fortalecer a la Fiscalía General de la República (FGR), así como a todas las instituciones encargadas de combatir la corrupción en el país y les repitió que la Fiscalía trabajará con o sin la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción de El Salvador (CICIES).

Con información de Agencia Digital de Noticias -ADN-

El Ministerio de Economía (MINEC) a través de la Dirección General de Minas e Hidrocarburos que los precios de los combustibles experimentarán una baja de $0.06 a $0.08 en la gasolina especial y regular, mientras que el diesel no sufrirá modificación alguna.

La gasolina especial experimentará la mayor reducción para las próximas dos semanas, $0.08 en la zona central y occidental, mientras que en el oriente del país disminuirá $0.07.

La gasolina regular bajará $0.06 en todo el país, mientras que el diésel no presenta variación alguna.

Los precios:

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó el lunes un requerimiento contra Alejandro Muyshondt, Asesor de Seguridad Nacional del presidente Nayib Bukele, y un agente de seguridad personal, por Resistencia, Portación Irresponsable de Arma de Fuego y Expresiones de Violencia contra la mujer ante El Juzgado 10° de Paz de San Salvador.

Muyshondt fue retenido el pasado viernes 6 por agredir a dos mujeres quienes se conducían en un vehículo que se quedó sin gasolina frente al garaje de la casa de Muyshondt; este habría salido enfureció contra las dos mujeres, agrediéndolas de manera verbal.

El Asesor de Seguridad Nacional de la presidencia de la República prosiguió pinchando las cuatro llantas al automóvil y luego lo apartó jalándolo con una cadena con otro vehículo.

Las mujeres pudieron llamar al 911 y cuando Muyshondt vio la presencia policial, el funcionario quiso conciliar con las víctimas e inmediatamente intentó escapar.

Los agentes que acudieron al lugar, a pesar que fueron presionados a dejar al abusivo en libertad debido a su cargo público lo trasladaron hacia las instalaciones del 911 en la colonia Monserrat.

La abogado del imputado, Bertha María Deleón, confirmó que hubo conciliación por los daños, hurto y amenazas.

Según Deleón, el proceso tiene reserva total, a petición de la Fiscalía, pero el Ministerio Público aclaró que la única reserva que tiene el caso es sobre la identidad de las víctimas.

La audiencia inicial contra Muyshdont y su «chaneque» se realizará el próximo miércoles, a las 10:30 de la mañana.

Ambos imputados fueron puestos en libertad debido a que, en una deferencia inexplicable ante delitos de violencia, la FGR ha pedido para los imputados instrucción con medidas sustitutivas.

“Nadie está por encima de la Ley, menos los servidores públicos. El asesor va a ser presentado a los tribunales el día de mañana, no antes”, escribió el fiscal general, Raúl Melara, el domingo en su cuenta de Twitter.

Con información de Agencia Digital de Noticias -ADN-

El presidente de la República, Nayib Bukele, alcanzó el domingo sus primeros 100 días al frente del Ejecutivo entre promesas incumplidas, una baja en las cifras de homicidios y amenazando con arrollar con su partido Nuevas Ideas en las elecciones legislativas del 2021.

Claves de los primeros 100 días del Gobierno de Bukele:

1-EXTRADICIÓN DE MAURICIO FUNES DE NICARAGUA

Bukele prometió el pasado 28 de marzo, tras ser absuelto de cargos de violencia machista en un juicio, que en los primeros 100 días de su Administración lograría que el expresidente Mauricio Funes (FMLN/2009-2014) fuera extraditado de Nicaragua para enfrentarse a la Justicia por delitos de corrupción que la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa.

Funes fue nacionalizado nicaragüense el pasado 30 de julio, acción del Gobierno de Daniel Ortega que dio al traste con la promesa de Bukele, dado que la Constitución de ese país prohíbe la extradición de sus ciudadanos.

Bukele, que asumió el poder el pasado 1 de junio, nunca dio detalles de la forma en la que intentaría que el Gobierno de Ortega permitiera la entrega de Funes.

2-CREACIÓN DE UNA COMISIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD

Durante su campaña electoral y al llegar al Ejecutivo, Bukele prometió la creación de una comisión Contra la Impunidad y la Corrupción (CICI), denominada Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), que se suponía seria similar a la que funcionó en Guatemala como CICIG.

Sin embargo, dicha comisión no fue creada tal y como Bukele había prometido, sino que el pasado 6 de septiembre se oficializó el comienzo del proceso, al que le queda un largo recorrido para ser concluido.

Junto a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la que el mandatario había solicitado respaldo para la formación de la entidad, arrancó el proceso para la creación de la comisión que pretende investigar los casos de corrupción que se detecten en El Salvador.

Bukele también había solicitado el apoyo de la ONU, pero la organización internacional solo informó el 3 de septiembre de que el Gobierno hizo la petición oficial, pero que, debido al fracaso rotundo de la CICIG en Guatemala, la solicitud sería estudiada «a fondo» antes de dar una respuesta.

La CICIES no tendrá poder vinculante ante la justicia, por lo que ha sido catalogada como «sin dientes»

Los asesores del vicepresidente de la República, Félix Ulloa, encargado de la conformación de la CICIES serían la fugitiva de la justicia guatemalteca y la INTERPOL, Thelma Aldana y el ex comisionado de la CICIG, Iván Velásquez.

3-PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD

Según expertos, otro de los compromisos incumplidos por Bukele en sus primeros 100 días es el de la presentación ante la Asamblea Legislativa de una «propuesta integral» para la violencia generada, principalmente, por los miembros de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.

El mandatario hizo esta promesa el pasado abril, mientras el país vivía una ola de asesinatos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada, cuando todavía presidía el Ejecutivo su antecesor, el efemelenista y ex comandante guerrillero, Salvador Sánchez Cerén.

«Los que aún están en el Gobierno deben hacer algo ya. En nuestro primer día enviaremos una propuesta integral a la Asamblea Legislativa, aprobada por el nuevo Concejo de Ministros. Espero su rápida aprobación», publicó en ese momento en su cuenta de Twitter el jefe de Estado.

Hasta la fecha, Bukele únicamente ha enviado una propuesta para la aprobación de fondos para reforzar a las fuerzas de seguridad desplegadas en las zonas vulnerables asediadas por las violentas pandillas. Es decir, «solo pide pisto», pero no dice para qué.

4-ELIMINAR EL GASTO DISCRECIONAL (PARTIDA SECRETA)

Bukele todavía era candidato presidencial cuando prometió eliminar la llamada «partida secreta» del presupuesto del Estado, por la que se canaliza el gasto de la inteligencia estatal y no es auditada plenamente.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), dicha partida fue utilizada por Funes y el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) para malversar, entre ambos, más de 651 millones de dólares.

El mandatario reiteró la promesa el pasado 13 de agosto y señaló que los «gastos necesarios» de la inteligencia «saldrán de partidas auditables, evitando el robo que siempre existió».

En sus primeros 100 días, Bukele ha gastado al menos $2,114,961.56 de la billetera secreta de la Presidencia.

5-RED NACIONAL DE SALUD

Según propaganda del Ejecutivo, la red nacional de hospitales está abastecida al 100% con medicamentos del cuadro básico de salud. De acuerdo a sindicatos y médicos, es falso.

El Ejecutivo de Nayib Bukele pidió el jueves a la Asamblea Legislativa la aprobación de un préstamo por 91 millones de dólares para financiar una segunda etapa de un plan de seguridad con el que busca disminuir el reclutamiento de jóvenes por parte de las pandillas.

Estos fondos, según el Gobierno, serán para intervenir las comunidades con presencia de pandillas con programas sociales y provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El viceministro de Hacienda, Óscar Anaya, presentó la iniciativa ante una comisión de diputados y señaló que el préstamo se pagará en un plazo de 20 años, con dos «años de gracia» y una tasa de interés del 4,64 %.

Explicó que el objetivo de este componente de este plan gubernamental es dar a los cuerpos de seguridad «herramientas que permitan mejorar la prevención, persecución y combate al delito».

Añadió que también pretenden «mejorar la convivencia pacífica y promover la participación de los jóvenes en rehabilitar y utilizar en forma sostenida los espacios públicos».

Anaya, sin entrar en detalles, sostuvo que en las comunidades intervenidas también se busca la «construcción, reparación y equipamiento de infraestructura social».

Explicó que esta fase del plan necesita una financiación de 158 millones de dólares, de los que 67 millones provienen del presupuesto y 91 millones del BCIE.

El Gobierno necesita los votos de 43 de los 84 diputados para firmar el préstamo con el BCIE y este debe ser ratificado posteriormente con 56 votos.

Un estudio presentado por la Embajada de Estados Unidos en El Salvador en marzo de 2017 señala que el 62,4 % de los jóvenes que se han unido a las pandillas o «maras» en este país lo hicieron por «ocio» o «amistad».

La reducción ha sido constante desde que Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio.

Los salvadoreños se han acostumbrado a bajar la voz cuando se refieren a «los muchachos», «las letras y números», a las «maras» y los miembros de estas estructuras criminales.

Durante el mes de agosto de 2019 el conteo de muertes violentas en El Salvador cerró con un promedio de un poco más de 4 asesinatos al día, la mitad de lo registrado en el mismo periodo de 2018. 

La reducción ha sido constante desde que Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador el 1 de junio. Ese mes, el consolidado fue de 7,7. Al siguiente, julio, 5, según información de la Policía Nacional Civil (PNC).

Cuatro años atrás, en 2015, era habitual registrar días con más de 40 homicidios.

Nayib Bukele asigna buena parte del mérito de la reducción en la mortandad a las diferentes fases de su Plan de Control Territorial, el cual, en la práctica, no es más que una nueva «mano dura» mejorada.

La población ve una mayor presencia en las calles de policías y miembros de las Fuerzas Armadas, sobre todo en algunos municipios priorizados por las autoridades de Seguridad Pública. El Plan ejecutado se basa, en sus primeras etapas en más represión, nada nuevo respecto a las estrategias de sus predecesores, solo que hoy aparenta ser mas efectiva, los números lo dicen.

«Este día El Salvador cierra con dos homicidios. A pesar de las adversidades y el largo camino que falta por recorrer, seguimos bajando el promedio. De seguir así, agosto se convertirá en el mes más seguro desde los acuerdos de paz», escribió Bukele, como acostumbra, en su Twitter el 24 de agosto.

Pero, ¿cuán confiables son las cifras? En un primer momento, el gobierno decidió que en sus estadísticas no incluiría los asesinatos de pandilleros en enfrentamientos con miembros de las fuerzas de seguridad. Tampoco los cuerpos que se hallasen en fosas clandestinas, pero dio un paso hacia atrás luego de unos días de intensas críticas. No es claro si se mantuvieron las cifras con reducción de casualidades o si sí, en efecto fueron correctamente computadas.

Cifras y causas

Las cifras relacionadas con asesinatos en El Salvador han sido tradicionalmente confiables, pues incluso en un momento de total crisis como fue 2015, estos se contaron en su integridad. La data la ofrecía la Policía, la Fiscalía General de la República y el departamento de Medicina Legal de la Corte Suprema de Justicia.

De repente, los números dejaron de fluir.

La pregunta más importante es la del porqué de una reducción tan drástica, que rivaliza e incluso supera a la vivida por El Salvador en parte de 2012 y 2013, durante una infame tregua entre las principales pandillas del país, que fue facilitada por el gobierno del hoy prófugo ex presidente Mauricio Funes.

Según periodistas, académicos universitarios y dos activistas enemigos del oficialismo de Bukele y consultados para este trabajo, es imposible que la reducción se deba en exclusiva a los planes del nuevo Gobierno, que no ha cumplido siquiera 100 días en el cargo.

Los detractores del gobierno de Bukele insisten en que la respuesta sigue siendo una incógnita que merece una investigación de campo, que descubra desde las raíces de cuál es la causa de esta anhelada, aunque inesperada paz. No saben el porqué, pero descalifican el trabajo de Seguridad.

Pero los expertos, sin embargo, tienen una opinión, que emiten con prudencia, pues el fenómeno de la violencia en El Salvador es multicausal.

La hipótesis es que esto puede tener parte de su origen en la voluntad de las mismas pandillas, estructuras que durante la mencionada tregua se reconocieron como actores políticos y entendieron que la rebaja o el aumento en las estadísticas de homicidios podría ser una buena moneda de cambio para obtener beneficios desde el Estado.

Descartan las posibilidades, eso sí, de un nuevo acuerdo entre el gobierno y los grupos criminales, pues las condiciones no existen: los centros penales, donde están alojados sus máximos líderes, están en un estado de emergencia, que impide que tengan un contacto fluido con el exterior.

Las pandillas han dejado de matar, por tanto, para mostrarle al gobierno su compromiso, la capacidad que tienen para que, al final de cada mes, el gabinete de Seguridad pueda mostrar un número del cual sentirse orgulloso.

Esa es una posibilidad que apoya el testimonio de Jacinto, un treintañero del que aquí no revelaremos el nombre porque es el cabecilla de una clica de la Mara Salvatrucha en el municipio de Soyapango, en San Salvador. Según comenta, «calmarse», que en lenguaje pandilleril significa refrenar los asesinatos, se ha convertido en una bandera común para los miembros de esas estructuras. A diferencia de 2012, dice, esta vez no ha llegado una orden de alguien a quien consideren con mayor autoridad dentro de la pandilla, como un líder nacional, pero han entendido que «no ganarán nada» si convierten a este gobierno en su enemigo «tan temprano» en la gestión.

«No es como en la tregua, donde a nosotros nos vinieron con la palabra desde el penal. Esto es algo a lo que hemos llegado nosotros, los que estamos en la calle, por nosotros mismos… siempre hay algún loco que no está de acuerdo, y allí vez que hay hasta uno que otro policía muerto… pero nosotros, por lo demás, queremos llevarla tranquila, al menos por ahorita», comenta Jacinto.

El «al menos por ahorita» representa toda una incógnita, y hace pensar en el efecto búmerang registrado en los homicidios en los años posteriores a la tregua, y que tuvo su cúspide en 2015, el año de los más de 6,000 asesinatos. Después de un tiempo, si no consiguen lo que pretenden del gobierno, ¿las pandillas aumentarán el número de homicidios?

«Eso no te lo sé decir. Tenemos un objetivo, estamos mostrando que podemos ser parte de la solución… pero, veá, queremos ver resultados«, dice, aunque no deja muy claro qué esperan del Estado más allá de un régimen más laxo para sus presos en los penales u oportunidades de empleo en programas gubernamentales para sus miembros activos y sus familiares.

Jacinto platica de compromisos y expectativas solo un día antes del viernes 30 de agosto, la fecha en que El Salvador cerró con al menos nueve homicidios.

Con información de LaGaceta503.com, El País de España, El Faro y LPG

El gobierno de Nayib Bukele levantó el estado de emergencia decretado el pasado 21 de junio en los 28 centros penales, como parte de las medidas que contempla el plan de seguridad «Control Territorial», tras la reducción de homicidios de un 21,6 % en entre enero y agosto, informó el martes una fuente estatal.

El director de Centros Penales, Osiris Luna, explicó a periodistas que luego de levantar la emergencia los privados de libertad, entre estos miembros de pandillas, entrarán a programas de rehabilitación para «eliminar el ocio dentro de las cárceles».

Señaló que el «100 % de los presos deben de realizar una actividad productiva y participar en los diferentes programas de rehabilitación».

La declaración del funcionario fue brindada luego de que el presidente Nayib Bukele le ordenara, vía Twitter, la noche del lunes que se levantara totalmente el estado de emergencia en las cárceles.

«Luego de que nuestro país tuviera el mes con menos homicidios desde los Acuerdos de Paz, se ordena al director @OsirisLunaMeza levantar totalmente la emergencia en @CentrosPenales», publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Bukele agregó que «la tendencia a la baja (de los homicidios) deberá mantenerse en septiembre. El presidente debe cumplir su palabra».

El estado de emergencia contempló el aislamiento total de los reos y se prohibió las visitas de los familiares.

Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), la cifra de homicidios en El Salvador se redujo entre enero y agosto pasados, en comparación con el mismo período del 2018, aunque ya superan los 1.800 casos.

Un portavoz de la PNC confirmó a periodistas que el país cerró agosto con 131 muertes violentas, con las que el registro de los nueve meses llegó a 1.860 víctimas.

Esta cifra es inferior en 514 casos a los 2.374 asesinatos computados en el mismo período de 2018, con lo que la baja es del 21,6 %.

Agosto se convirtió en el mes con menos homicidios registrados desde 1998, de acuerdo con cifras compartidas por el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas.

El Ejecutivo que preside Bukele atribuye esta baja en los asesinatos a un plan de control territorial lanzado el pasado 20 de junio y con el que se han concentrado a más 7.000 agentes de la Policía y el Ejército en 22 localidades.

El plan también incluye la rotación constante de los pandilleros presos para supuestamente romper la organización de dichos grupos al interior de las prisiones.