Asocios Público-Privados. Una herramienta que vale la pena explorar

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Por Wiliam Pleitez. Director de Fomilenio II

Dotar a un país de las condiciones necesarias para hacer crecer su economía es una tarea que, sin duda, requiere del involucramiento de una diversidad de actores clave de la vida nacional. Es una tarea primordial de los gobiernos, sí, pero también demanda la participación activa del sector privado, en una relación estrecha, transparente y cooperativa, en la que ambos unan esfuerzos, fortalezas y experiencias para mejorar la competitividad de este país.

Es por eso que desde FOMILENIO II, la entidad creada en el marco del convenio firmado a finales de 2014 entre los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos de América, a través de la Corporación Reto del Milenio (MCC), estamos impulsando espacios y herramientas para apoyar ese trabajo conjunto. Una de esas herramientas, que por primera vez se implementará en el país, se llama precisamente “Asocios Público-Privados” (APP).

Hablamos, en términos sencillos, de contratos de concesión para que, en un plazo establecido, un privado pueda diseñar, financiar, construir, operar, mantener o administrar una obra o servicio público que el Estado requiere desarrollar, pero para lo cual no dispone de recursos en ese momento o simplemente porque bajo la administración privada se puede mejorar sustancialmente la cantidad o la calidad de bienes y servicios públicos ofrecidos. Este modelo de concesión permite al Estado mantener en todo momento la soberanía sobre el bien público y control sobre la calidad de servicios requeridos.

Los APP son una herramienta nueva en nuestro país, no así en otras naciones de Latinoamérica como Chile, Perú, Colombia y México, o en otras latitudes como Europa, Asia y África, donde ya hay una experiencia más avanzada y se conocen sus beneficios potenciales en términos de aumento de la inversión, mayor crecimiento económico y mejoramiento de la competitividad de la economía.

Se trata de asocios que pueden generar beneficios tanto para los privados como para el gobierno. Para los primeros representa una oportunidad de hacer negocios de largo plazo, con una inversión importante y una buena rentabilidad. Para el gobierno supone la oportunidad de mejorar su oferta de bienes y servicios, reducir la brecha de infraestructura económica y reorientar algunos recursos hacia otras prioridades nacionales.

Pero además, los riesgos que pueden tener dichas inversiones también se comparten con el privado y no son asumidas, como tradicionalmente ocurre, únicamente por los Estados.

Lastimosamente, es una herramienta que, por desinformación o prejuicios con una carga más ideológica que técnica, a veces ha sido desacreditada. Es por eso que es necesario aclarar que la participación privada bajo un APP no elimina la propiedad, autoridad o la soberanía que tienen las entidades públicas sobre los bienes o servicios. Los APP no son una privatización y eso es algo importante para que la ciudadanía, los trabajadores y todos los involucrados comprendamos con claridad.

Los APP son buenos y son de beneficio para un país en la medida que sean estructurados y negociados de forma transparente, distribuyendo de manera clara y justa los riesgos y los beneficios de este tipo de contratos.

Y es en ese contexto que desde FOMILENIO II daremos respaldo técnico y metodológico para que la estructuración de los primeros dos contratos de APP en El Salvador sea realmente transparente y beneficiosa para el país.

Hemos lanzado ya las licitaciones para que firmas consultoras especializadas nos ayuden evaluar cuatro posibles APP que el gobierno está considerando, y estamos optimistas de que, a mitad del próximo año, podremos tener definidos cuáles son esos primeros asocios que se lanzarán al mercado, teniendo siempre como principio el mejor interés para El Salvador.

Es una herramienta que vale la pena explorar y que, ojalá en el mediano plazo, nos permita también aquí, como en otros lugares, disfrutar de beneficios tangibles para El Salvador y su gente.