La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) anunció el martes que dejará de ejecutar proyectos financiados con fondos de la cooperación internacional y cerrará sus oficinas hasta nuevo aviso debido a «las asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones que impone” de la Ley de Agentes Extranjeros forzada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
APES es la cuarta asociación no gubernamental que cierra operaciones en El Salvador luego de que en julio la principal organización de derechos humanos — Cristosal — anunció que abandonaba el país tras denunciar un creciente acoso y amenazas jurídicas por parte del gobierno.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) también cesaron operaciones luego de la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros.
APES indicó en un comunicado que han suspendido, liquidado y cerrado sus proyectos cuyo financiamiento proviene del exterior y “hemos cerrado nuestras oficinas hasta nuevo aviso”. Sin embargo, aclaró que seguirá prestando sus servicios de registro y denuncia de agresiones y vulneraciones a la prensa y continuará “defendiendo los derechos a la libertad de prensa de los y las colegas salvadoreños”.
“A lo que sí nos negamos es al sometimiento a leyes espurias como la Ley de Agentes Extranjeros”, señaló en la red social X el presidente de la APES, Sergio Arauz.
La APES también denunció que tiene más de un año intentando obtener credenciales para su junta directiva a través de una oficina del Ministerio de Gobernación. “Como Asociación de Periodistas seguiremos insistiendo, apegados a nuestro derecho de organización y asociación, pese al cierre deliberado del espacio cívico”, agregó.
Bukele ha defendido la nueva ley señalando que es una forma de frenar la influencia extranjera y la corrupción.
La ley establece un impuesto del 30% a las ONG y asociaciones sociales sobre los fondos o donaciones que reciban desde el extranjero e impone, además, la creación de un registro al que deben inscribirse todas las organizaciones que operen en el país, además, deja a este nuevo ente amplias facultades para fijar los requisitos que las asociaciones deben cumplir.
La norma entró en vigor el 7 de junio y estableció un periodo de 90 días para que cualquier persona u organización que reciba financiamiento extranjero se inscriba en el registro obligando a entregar cualquier información sobre sus actividades o finanzas que se les requiera.
APES consideró que “el registro está diseñado para usar su poder de manera arbitraria”.
En tanto que organizaciones nacionales e internacionales han criticado la ley por considerarla antidemocrática y una herramienta, dicen, para censurar, silenciar y criminalizar el trabajo en derechos humanos.
Con información de ap
