Por Eduardo Vázquez Bécker.-
La Asociación de jueces por la Democratización de la Justicia en El Salvador (AJUDJES) hizo publico el lunes un comunicado en el que piden al Fiscal General, Douglas Meléndez, que deje de “disfrazar” las inconformidades de la institución con los fallos de los jueces, calificando como delito las resoluciones con que estos ponen fin a los procesos penales.
La gremial de juzgadores hace alusión específica a las declaraciones del Fiscal Meléndez en el caso de tres jueces de la zona oriental de San Miguel a los que pretendía someter a un proceso de antejuicio luego que manifestó no estar de acuerdo con las resoluciones de estos.
Los jueces responsabilizan a la Fiscalía de no presentar los casos suficientemente documentados o de utilizar evidencia ilegalmente obtenida, o de “armar” juicios con la dudosa declaración de testigos criteriados que a la hora de las horas resultan un fiasco dentro del proceso.
El más reciente de los casos fue el llamado “Gordo Max”, donde un conocido conductor de televisión y otros dos empresarios fueron privados de libertad por casi un año por la declaración de una testigo criteriada mal calificada por el tribunal y que finalmente sobreseyó a los imputados. Existen por lo menos cinco juicios más que llevan esa ruta y que según fuentes cercanas al mismo fiscal general “lo tienen preocupado”
Los cinco casos “que preocupan” al Fiscal General, involucran a ex presidentes, empresarios, banqueros, ex ministros, diputados y ex fiscales. En todos ellos se han denunciado, falta o manipulación de peritajes, intenciones políticas, actuaciones ilegales de fiscales, jueces y policías, y de haber utilizado escuchas telefónicas “obtenidas ilegalmente”, con las que supuestamente se ha violado la LEIT (Ley Especial Para las Intervenciones Telefónicas). Estos casos tienen en común que, cada vez que un juez emite un fallo favorable a los imputados, el Fiscal General formula declaraciones a la prensa nacional e internacional acusando de incapaces o de corruptos a los juzgadores.
La AJUDJES asegura que actitudes como las del Fiscal General de la República, “constituyen franca e ilegítima injerencia a la independencia judicial que garantizan los Artos.- 72 y 86 de la Constitución y 1 y 2 de los Principios de las Naciones Unidas Sobre la Independencia Judicial”.
Los jueces que forman la ADJUDJES, si bien reconocen la facultad constitucional del Fiscal General de investigar el crimen, de manera seria, responsable y objetiva, le reclaman “que no convierta en delitos sus inconformidades por las decisiones judiciales que son adversas a la institución que dirige”
Finalmente, los jueces “exigen” al Fiscal General que cumpla con su mandato constitucional, de dirigir con eficacia y objetividad, la investigación del delito; que persiga la delincuencia común, la criminalidad organizada y la corrupción; con pruebas contundentes, pertinentes y útiles, asegurando que “esa es la única forma de obtener decisiones (de la Fiscalía), a su favor; pero sobre todo, de respetar la constitución y hacer valer el estado de derecho y abstenerse de realizar señalamientos infundados con fines de socavar la independencia judicial y desprestigiar el sistema de justicia.