El excanciller nicaragüense, Francisco Aguirre Sacasa, declaró a periodistas que el asilo otorgado al ex presidente Mauricio Funes, investigado por corrupción y enriquecimiento ilícito (entre otros delitos varios) en El Salvador, puede causar una mala imagen a Nicaragua y al mismo Funes.
Según el ex canciller nicaragüense, el asilo que el Gobierno de Daniel Ortega concedió a Funes, es un “favor” al oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y a su homólogo y aliado Salvador Sánchez Cerén.
“Daniel (Ortega) está tratando de hacer un favor a (Sánchez) Cerén y a Funes, pero va a tener un costo porque la percepción va a estar allí, que es un prófugo de la justicia”, señaló Aguirre Sacasa, quien fue uno de los cancilleres durante la Administración de Arnoldo Alemán (1997-2002).
El Gobierno de Ortega otorgó el asilo a Funes (2009-2014) de manera express. Funes es investigado en su país por corrupción y, según publicó La Gaceta, el diario oficial nicaragüense, el asilo se ha otorgado porque lo considera un “perseguido político”.
De acuerdo a Aguirre Sacasa, el asilo a Funes es “un negocio malo” para Ortega, publicó la agencia española de noticias, Efe, desde Managua.
“Definitivamente esto va a ser visto por algunas personas como un negocio malo para Daniel, malo porque el costo será mayor que los beneficios que dará a la reputación e imagen país de Nicaragua”, anotó.
Funes publicó en sus redes sociales que la razón de solicitar protección fue que la “extrema derecha” planeaba atentar contra su “integridad física” por las denuncias de corrupción que hizo contra este sector durante su Administración.
“Ahora que han transcurrido más de dos años desde que salí del gobierno es claro que usarán las instituciones del Estado que aún controlan para provocar mi muerte civil y política, y si es posible mi anulación física”, sostuvo el exmandatario, el primero del exguerrillero FMLN, aliado del sandinismo.
Las declaraciones de Funes han sido catalogadas como “ridículas” por parte de la oposición política de El Salvador. “Si no se persiguieron comandantes guerrilleros que asesinaron a familiares de miles de empresarios y ciudadanos salvadoreños, nadie va a perseguir a un delincuente común, a menos que lo haga la justicia”, comentó un alto dirigente de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) a diariolatino.net.
Funes es investigado penalmente en El Salvador por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero durante su gestión, un proceso derivado de un juicio civil ordenado por el máximo tribunal debido al incremento injustificado de su patrimonio en más de 700.000 dólares, que a la fecha, de acuerdo a documento secuestrados en varios allanamientos se ha multiplicado varias veces.
La Fiscalía General de la República (FGR), dando seguimiento a una investigación iniciada por el ex fiscal general, Luis Martínez, también lo acusa de favorecer con contratos a su amigo y empresario de seguridad privada Miguel Meléndez “Mecafé”, por lo que allanó sus empresas, la casa del expresidente y otras de varias mujeres ligadas sentimentalmente a él, lo que Funes catalogó como “show” político.
El exmandatario niega que con su salida hacia Nicaragua busque “evadir la justicia salvadoreña” o que está “renunciando” a su “defensa en las instancias correspondientes”, pero prefiere mantenerse protegido por guardias de seguridad del Estado nicaragüense y lejos de la justicia salvadoreña.
Nicaragua otorgó asilo político a Funes, su compañera, Ada Michell Guzmán Sigüenza, y a tres de sus hijos (todos de diferente madre), abandonando en El Salvador una hija y otro varón hijo de su ex esposa, la funcionaria Vanda Pignato.
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