La presentó el Ejecutivo del presidente Nayib Bukele y la aprobó el Congreso, oficialista. Otra norma obliga a los diarios impresos a pagar impuestos
La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó el miércoles una ley que decreta la inmunidad penal y administrativa de funcionarios gubernamentales y particulares ante cualquier acusación decorrupción en la gestión de la pandemia de coronavirus.
La nueva norma establece que la inmunidad se aplicará «ante cualquier reclamo» de irregularidades en la compra de tratamientos médicos para atender el covid-19, y al ser retroactiva, da inmunidad ante casos de corrupción cometidos desde el inicio de la pandemia.
El gobierno enfrentaba diversas investigaciones por el supuesto uso irregular de fondos estatales destinados a la atención del covid, al menos hasta antes del 1 de mayo, cuando en un proceso polémico, la Asamblea Legislativa destituyó al fiscal Raúl Melara y a los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
La ley, presentada a pedido del presidente, Nayib Bukele, fue aprobada con 63 votos de los 84 diputados y lleva por nombre «Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionada por la pandemia covid-19».
Los beneficiados
Entre los beneficiarios de la inmunidad están los «proveedores de servicios en salud tales como médicos, farmacéuticos, enfermeras, organizaciones hospitalarias, y los que trabajan en el sector de la salud», según el artículo 4 de la iniciativa.
También incluye al «fabricante, el titular de la autorización de comercialización y/o el distribuidor del producto o servicio para tratamientos médicos, ya sea nacional o extranjero».
La norma añade un amplió listado de actividades relacionadas con el desarrollo, administración, uso de un producto o servicio para tratamientos médicos.
Duras críticas de la oposición
El diputado Johnny Wright, del partido opositor Nuestro Tiempo, señaló que, a su juicio, parece que el decreto legislativo «busca ocultar, busca blindar, busca inmunidad para todos los procesos que tienen que ver con el manejo de la pandemia».
La diputada opositora Anabel Belloso agregó que la iniciativa aprobada también pretende «crear un fuero a los funcionarios que, en el marco de la atención de la pandemia, están fuertemente señalados por casos de corrupción por el uso abusivo de los fondos públicos».
«Es querer hoy, con esta aprobación de una ley exprés, arreglar todos los chanchullos por los que ya están siendo investigados funcionarios del actual gobierno», se quejó la parlamentaria del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FLMN).
Guillermo Gallegos, de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), rechazó que se trate de «querer cubrir situaciones irregulares» y dijo que busca proteger a los empleados del sistema de salud, proveedores y farmacéuticas por los riesgos que tiene la aplicación de las vacunas.
La iniciativa también autoriza al Ministerio de Salud la compra de productos sanitarios sin pasar por los controles tradicionales.
La Fiscalía General de la República (FGR) allanó en noviembre de 2020 el Ministerio de Salud y unas 12 dependencias del gobierno y proveedores.
El entonces fiscal general, Raúl Melara, confirmó que las investigaciones por el supuesto manejo irregular de fondos para la pandemia se originaron principalmente por indicios presentados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicies).
Melara fue destituido el sábado por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista del partido de Bukele, Nuevas Ideas, y en su lugar se puso a Rodolfo Delgado, ex asesor del gobierno de Bukele y abogado del director de la Policía en un proceso de desafuero.
El cese de Melara, que fue acompañado por el de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha sido duramente criticado por la comunidad internacional, especialmente por Estados Unidos, que lo acusa de un atentado a la separación de poderes.
Impuestos a los diarios
La nueva Asamblea Legislativa también reformó ayer la Ley de Imprenta vigente desde 1950 para que los periódicos impresos paguen impuestos como todas las empresas.
Según la reforma presentada por el diputado Christian Guevara, jefe de la bancada del partido oficialista, ahora los medios de comunicación impresos no tendrán exenciones arancelarias, es decir, no gozarán de beneficios fiscales y deberán tributar por la materia prima, maquinaria y equipo que importan.
Además, «no gozarán de excepciones del impuesto sobre la renta por ingresos provenientes de estas fuentes, como tampoco excepciones del impuesto a la transferencia de los bienes y prestaciones de servicio».
La reforma fue aprobada con 68 de los 84 diputados. Ahora deberá ser sancionada por el presidente Bukele y si avanza entraría en vigor ocho días después que sea publicada en el Diario Oficial.
Tensión entre el gobierno y la prensa
La relación del presidente con la prensa cuando se critica su gestión ha sido tensa desde que inició su mandato y suele rechazar enfáticamente cualquier cuestionamiento.
Algunos periodistas denunciaron públicamente hostigamiento por parte del gobierno y en febrero pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a 34 trabajadores del periódico digital El Faro tras considerar que se encontraban en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos por amenazas recibidas por su trabajo.
