La Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el viernes elevar las penas de cárcel para los delitos relativos a la corrupción cometidos por funcionarios públicos.
Con los votos de 59 diputados de 60 en el Congreso y sin discusión alguna, se aprobó reformar el Código Penal para incluir las nuevas penas que entrarán en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, cualquier delito cometido con anterioridad será juzgado y condenado con las normas del momento en el que se cometió la falta.
El delito de peculado la pena de cárcel se eleva de 6 a 15 años, cohecho propio 6 a 9 años, malversación 3 a 9 años, enriquecimiento ilícito 5 a 15 años, tráfico de influencia 6 a 9 años, cohecho activo 6 a 10 años.
El cambio en el Código Penal se dio horas después que los parlamentarios aprobaran una ley para prevenir, investigar y sancionar la corrupción en las instituciones públicas del país e incluye la creación de un sistema integrado de anticorrupción y un espacio para denuncias.
La normativa contempla la creación de un Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, compuesto por expertos y representantes de 12 instituciones públicas y que será liderado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, manda a la creación del Centro Nacional Anticorrupción que “ejecutará todas las acciones de inteligencia para investigar” este flagelo y establece que “todos” los funcionarios públicos deberán presentar una declaración jurada de informe de activos y pasivos, lo cual ya estaba estipulado por la ley salvadoreña, pero que los actuales diputados y funcionarios del Ejecutivo y Judicial, no han cumplido.
La Ley Anticorrupción, propuesta por el presidente Nayib Bukele, entrará en vigencia 180 días después de su publicación en el Diario Oficial.
Bukele anunció a finales de enero que envió una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, para “erradicar” la corrupción en el país, tal como lo hizo con las pandillas, sin embargo, los funcionarios, a pesar de haber graves indicios de corrupción, no han sido investigados por la FGR.
De acuerdo con el mandatario, esta ley es solo el comienzo de “un esfuerzo firme para erradicar la corrupción en El Salvador, así como hicimos con las pandillas, los homicidios, las violaciones, los secuestros, la extorsión y la delincuencia, que han quedado en el pasado de nuestro país”.
En junio de 2023, Bukele anunció que su Gobierno llevará a cabo una “guerra frontal” contra la corrupción y señaló que se construirá una cárcel para “los corruptos”.
