La Asamblea Legislativa declaró el jueves a las pandillas como “organizaciones terroristas” con su inclusión en la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo (Lecat), con lo que la sola pertenencia a estos grupos será castigada con penas de más de ocho años de cárcel.
Con 77 de 84 votos, el Parlamento pasó a considerar organizaciones terroristas a “las declaradas como tales por la autoridad competente del país”, ya que hasta ahora solo eran reconocidas las listadas por Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
Con la modificación de la Lecat se castiga por primera vez la pertenencia a las pandillas, pese a que en septiembre de 2010 fue aprobada la Ley de Proscripción de Pandillas, la cual no estipulaba penas de cárcel.
La Asamblea actuó amparada por una consideración de la Sala de lo Constitucional, que en agosto de 2015 declaró a las pandillas como “grupos terroristas” porque con su accionar afectan “indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población”.
La Lecat define a este tipo de organizaciones como las que están “provistas de cierta estructura” que “pretenden la utilización de métodos violentos o inhumanos con la finalidad expresa de infundir terror, inseguridad” o “afectar sistemáticamente” los derechos de la sociedad.
La misma establece penas de prisión de entre 8 y 12 años a los miembros de estas estructuras, y de entre 10 y 15 años a los “cabecillas”.
Esta reforma es parte de una serie de “medidas extraordinarias” con las que el Gobierno busca frenar la ola de violencia que en menos de cuatro meses se ha cobrado la vida de 2.222 personas, un 58 % más que en el mismo lapso de 2015, cuando se contabilizaron 1.404 muertes violentas, y que es atribuida a las pandillas.
Al mismo tiempo, la Asamblea Legislativa endureció las penas de ciertos delitos y formuló nuevos para tratar de arrebatar el control territorial que las “maras” ejercen en ciertas áreas del país y permitir la “actuación inmediata de las autoridades” de Seguridad.
Los nuevos delitos son la “limitación ilegal a la libertad de circulación”, “resistencia agresiva” al arresto, la incitación a menores para ingresar a las pandillas, la amenazas a estudiantes y maestros, la negociación de funcionarios para otorgar prebendas y el tráfico ilegal de armas de fuego.
El paquete de medidas incluyó otras reformas al Código Penal como el endurecimiento de la pena mínima por homicidio simple, que pasó de 10 a 15 años.
Estas iniciativas fueron propuestas por el fiscal general, Douglas Meléndez, a inicios de abril porque, aseguró, “nos estamos enfrentando en estos momentos a una expansión desbordada de las pandillas”.
Según reza el decreto aprobado, “la Fiscalía ha comprobado la existencia de actividades criminales tales como la movilidad de delincuentes portando armas de fuego, incremento de homicidios múltiples, traslado y abandono de cadáveres, extorsiones masivas” y “usurpación ilegal” de negocios y casas.
Estas iniciativas se suman a la aprobadas por este órgano de Estado el 1 de abril para recuperar el control total de siete de 21 cárceles del sistema penitenciario donde están recluidos los pandilleros.
“A las medidas extraordinarias impulsadas por el órgano Ejecutivo y apoyadas por el resto de órganos deben sumarse otras de naturaleza legislativa” para “desarticular las órdenes criminales que provienen del interior de los centros de reclusión” para los pandilleros “que permanecen en los diversos territorios”, expuso el Legislativo.
