Asamblea Legislativa autorizó la Q25 y beneficios tributarios para inversiones
La Asamblea Legislativa de El Salvador, aprobó el miércoles una ley ordenada por el presidente Nayib Bukele para otorgar a los trabajadores públicos un pago extra en enero equivalente al 50 % del salario mensual a partir de 2026 y para la empresa privada a partir de 2027, beneficio que será obligación para el sector público y voluntario -este año- para la empresa privada.
La ley denominada Quincena 25 fue aprobada con los votos de 59 diputados en el Congreso, incluyendo los votos de las diputadas de oposición Marcela Villatoro y Claudia Ortiz.
De acuerdo con el decreto leído, durante la sesión plenaria del miércoles, el pago extra será entregado entre el 15 y el 25 de enero a los empleados del sector público y privado, cuyo salario mensual no sea mayor a 1,500 dólares.
Según la diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), señaló que lo aprobado es un «beneficio económicamente positivo para una parte de la población salvadoreña, ya que no beneficiará a todo El Salvador«.
Sin embargo, apuntó que el Gobierno debe de invertir «70 millones de dólares para este pago extra de 195,000 empleados públicos» y explicó que «solamente el 30 % cuenta con un empleo formal, de los que el 20 % ganan (tienen un sueldo) menos de 1,500 dólares, por lo que más de un 50 % de las personas no se verán beneficiadas».
De otra manera, La Asamblea Legislativa también aprobó la “Ley para el fomento de la expansión de las inversiones”, que incentiva la expansión de inversiones e introduce un esquema de beneficios tributarios y regulaciones específicas con el objetivo de fortalecer el crecimiento económico nacional. El marco legal se enfoca en empresas ya establecidas en el país, nacionales o extranjeras, exigiendo que solo puedan acceder a estos incentivos quienes sumen al menos una década de operaciones comprobadas en territorio salvadoreño y que estén vinculadas a sectores productivos definidos como estratégicos, entre los que destacan textil y confección, agroindustria, electrónicos, autopartes y productos químico-farmacéuticos.
Uno de los puntos centrales de la nueva ley establece que, quienes califiquen como beneficiarios y realicen inversiones de expansión, accederán a un crédito tributario aplicable al Impuesto sobre la Renta, cuyo porcentaje varía según el monto invertido: 10% para inversiones entre $1 millón y $10 millones, 20% para montos superiores a $10 millones hasta $20 millones, y 30% para inversiones por encima de $20 millones. Este crédito puede utilizarse a lo largo de diez años y, si al final del período aún existen saldos sin utilizar, el beneficiario tiene la posibilidad de solicitar una prórroga de igual duración, siempre que justifique los motivos y acredite el cumplimiento de requisitos adicionales.
El texto legal aclara que la expansión de inversiones podrá tomar diversas formas: ya sea mediante nuevas líneas de producción, construcción de centros fabriles o logísticos, adquisición de maquinaria tecnológica, o el impulso de centros de innovación. No se considerará como expansión la simple sustitución de activos ni la reducción de operaciones previas. Además, la ley excluye expresamente a quienes ya gozan o hayan gozado de otros incentivos fiscales y a las empresas cuyos socios hayan sido objeto de sanción por revocación de beneficios fiscales derivados de incumplimientos legales.
El procedimiento para acogerse a este régimen requiere que el interesado obtenga la calificación de inversión de expansión a través del Ministerio de Economía.
La administración y fiscalización de los incentivos queda a cargo del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hacienda, este último a través de la Dirección General de Impuestos Internos. Las autoridades podrán ejecutar inspecciones y controles para verificar el cumplimiento de las obligaciones, incluyendo el acceso a instalaciones de las empresas beneficiarias y la solicitud de información y documentación adicional.
Los beneficiarios, por su parte, están obligados a contratar servicios de auditores o firmas independientes que emitan informes semestrales sobre el cumplimiento de sus obligaciones legales, así como a presentar documentación financiera que permita diferenciar claramente los activos y operaciones vinculados a la expansión.
