La Asamblea Legislativa aprobó el miércoles una reforma a la Ley de Telecomunicaciones que obliga a las empresas operadoras de telefónica a entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) datos o registros de llamadas y del «origen de cualquier otro tipo de comunicación electrónica» en el país.
El decreto de reforma, no contempla que para la entrega de esta información deba existir una orden judicial de autorización. La reforma fue aprobado por 64 votos oficialistas, de los 84 diputados.
La reforma al artículo 30-A de la referida norma establece que es una «obligación» de los operadores de servicios de telecomunicación «entregar toda la información requerida por la FGR relativa a los datos de registro» de líneas telefónicas «investigadas», asimismo indica que también deberán entregar «los registros de llamadas efectuadas durante un periodo claramente determinado, así como los datos sobre el origen de cualquier otro tipo de comunicación electrónica».
Las nuevas obligaciones se dan «sin perjuicio de las facultades otorgadas» en la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, también promulgada por el oficialismo.
Los diputados también dictaron que las empresas nacionales o multinacionales «que tengan operaciones con datos o registros de información en territorio nacional, deben almacenar esa información en servidores locales».
Además deben tener «representación local a quien se le solicite de forma directa y sin intermediario acceso a la información».
Otras obligaciones que los diputados establecieron a las empresas de telecomunicación son las de tener procedimientos para identificar a quienes generen llamadas de sus redes a «todos los usuarios del servicio de telecomunicaciones», además de «contar con los mecanismos necesarios para registrar y bloquear las terminales móviles que posean reporte de hurto o robo».
Los legisladores señalaron en el decreto «es necesario contar con herramientas efectivas» para combatir el crimen, que «en sus diferentes modalidades ha tenido como principales medios en la ejecución de sus actividades el uso de tecnologías de información y comunicación».
Por su parte, el diputado opositor Johnny Wright, del partido Nuestro Tiempo (NI), señaló que esta reforma, que es parte de un paquete enviado por el Gobierno de Nayib Bukele, buscaría mantener las atribuciones dadas por el régimen de excepción vigentes desde marzo.
«Debe de verse como el siguiente capitulo del régimen de excepción, (…) y esta es la ley secundaria que se está modificando para habilitar al Estado de manera permanente (para) tener las herramientas de las que hoy se le ha dado cheque en blanco al Gobierno», indicó el legislador.
Con información de Agencia Digital de Noticias -ADN-
