Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron un nuevo crédito por $50 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción de El Salvador (BIRF), para financiamiento adicional del combate al COVID-19.
Según el dictamen el fondo se utilizará para realizar “una serie de acciones e intervenciones relacionadas con el proceso de vacunación contra el virus COVID-19”.
La aprobación de este decreto provocó de inmediato la reacción de políticos y abogados a cuyo criterio esta redirección de fondos puede tener, entre otros destinos, el de ” profundizar el seguimiento” a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. La abogada Ruth Eleonora López declaró a un medio, tras de estas medidas podría estar “la compra de tecnología que les garantice mayor seguimiento y control, tanto de los periodistas como de los defensores de derechos humanos, incómodos por sus señalamientos frente a las actitudes opacas y violatorias del gobierno”,
El gobierno justifica este refuerzo presupuestario mediante la modificación del Gasto de la Nación de 2021, debido a que en un decreto legislativo del 23 de diciembre de 2020, la anterior legislatura hizo una disminución de las asignaciones de la Presidencia de la República y de sus oficinas adscritas por $53.4 millones.
También se le reorientarán $1.3 millones al Instituto de Bienestar Magisterial; y $1.2 millones reforzar el presupuesto del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE).
