La Asamblea Legislativa autorizó la madrugada del martes al gobierno del presidente Nayib Bukele la contratación de nueva deuda hasta por 1,000 millones de dólares para financiar un plan de rescate económico para empresas afectadas por la emergencia del coronavirus.
Según la economista Carmen Aída Lazo, con el monto aprobado, el Gobierno contaría con $6,426 millones de presupuesto 2020, más $3,000 millones de presupuesto extraordinario lo que facilita para el gobierno del presidente Bukele $9,426 MM aprobados para 2020.
Los fondos, que serán obtenidos a través de la emisión de bonos o contratación de préstamos, servirán para otorgar créditos al sector informal, para el subsidio del 50 por ciento del pago de salarios a empresas afectadas y créditos para capital de trabajo.
El pasado 26 de marzo, los legisladores avalaron también al gobierno negociar deuda por 2,000 millones de dólares adicionales para atender la emergencia por coronavirus, que ha dejado 587 infecciones y 13 personas fallecidas en El Salvador, sin embargo, no se ha podido contratar los créditos debido a la desconfianza en inversores y prestamistas provocada por el enfrentamiento entre la Presidencia y los otros dos Poderes del Estado.
Protección a los empleos ante pandemia
Los diputados del Congreso también aprobaron una nueva Ley de Protección al Empleo Salvadoreño, que fue presentada por el Gobierno de Nayib Bukele debido a que una gran cantidad de empresas se han visto forzadas a cerrar sus operaciones y han tenido que suspender contratos laborales, así como prescindir de personal debido al cierre de sus operaciones por orden gubernamental.
La ley ordena “medidas excepcionales y temporales para salvaguardar la estabilidad laboral de los trabajadores del sector privado”. La propuesta de ley fue enviada por el Ejecutivo al Legislativo como parte del plan de reactivación económica para enfrentar los estragos de la cuarentena vigente desde el 21 de marzo.
Según el decreto, Bandesal y los patronos participarán en la tramitación y “materialización” de los beneficios y medidas en favor de los trabajadores.
El decreto establece también “salvaguardas laborales”, que consiste en que las empresas debidamente autorizadas durante el estado de emergencia deberán cumplir con sus obligaciones laborales y, de mutuo acuerdo entre el patrono y el empleado, se podrá establecer el goce de vacaciones individuales de forma anticipada, en un sólo período o fraccionadas mientras perdure el estado de emergencia. Estas vacaciones serán pagadas en el tiempo y forma establecidos por el Código de Trabajo.
La ley crea el programa de subsidio para los empleados de las micro, pequeñas y medianas empresas registradas como patronos en el ISSS que sean afectadas por la crisis del COVID-19 y será administrado por Bandesal.
El decreto debe ser sancionado antes por el presidente Nayib Bukele.
