La opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) urgió al Gobierno y a la Asamblea Legislativa a crear una comisión de “alto nivel” sobre los efectos de la nulidad de la Ley de Amnistía, sentenciada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La Sala declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General de 1993, la emisión de 900 millones de dólares en bonos, un impuesto a la energía eléctrica y desconoció cualquier autoridad de legislar de los 84 diputados suplentes.
La conservadora ARENA manifestó, a través de un comunicado, que “somos respetuosos de la Constitución y el estado de derecho, por lo que estamos claros que las resoluciones emitidas son de estricto cumplimiento”.
El partido tricolor remarcó que las resoluciones suponen “nuevos retos” y “desafíos” a la “democracia en El Salvador como “mantener el proceso de reconciliación, el desarrollo institucional y el fortalecimiento de la misma”.
“Hacemos también un llamado de carácter urgente a los presidentes de los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa y al presidente del Órgano Ejecutivo para que se conforme una comisión de alto nivel, que evalúe el futuro del país”, consigna la misiva.
Según un comunicado de la CSJ, la decisión del Constitucional de anular la amnistía se basa en que “es contraria al derecho de acceso a la justicia, a la tutela judicial o protección de los derechos fundamentales, y al derecho a la reparación integral de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”.
Entre los casos que podrían ser reabiertos hay crímenes que son atribuidos al Ejército salvadoreño, pero la sentencia señala que las violaciones a derechos humanos atribuidas a la guerrilla tampoco gozan de amnistía.
La declaración de ARENA surge dos días después de que estas resoluciones fueron emitidas por el Constitucional, mientras que el Ejecutivo de Salvador Sánchez Cerén, otrora comandante guerrillero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), realizó una cadena de radio y televisión en la que pidió “responsabilidad y madurez” a las partes que estuvieron involucradas en la guerra civil (1980-1992) ante la nulidad de la Ley de Amnistía decretada el miércoles por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
“Hago un llamado a todos los sectores comprometidos con la paz, el progreso y la justicia social a asumir esta situación con responsabilidad y madurez en función de los intereses del país”, señaló el ahora susceptible de ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad, como comandante de las sangrientas Fuerzas Populares de Liberación (FPL), una de las cinco organizaciones que conformaron al FMLN durante el conflicto armado de los años 80 y 90’s.
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