La Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) solicitó que el pleno legislativo interpele al ministro de la Defensa, David Victoriano Munguía Payes, a quien se acusa de haber sido el director intelectual de la tregua que durante la Administración de Mauricio Funes Cartagena “facilitó” el Gobierno a las pandillas.
Según la diputada Patricia Valdivieso, del partido tricolor, se presentó a la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia donde se solicita la interpelación de Munguía Payes.
La legisladora dijo que el funcionario efemelenista debe explicar su participación en el proceso de la tregua entre las mayores organizaciones delictivas y terroristas que castigan al país y, sí recibió las instrucciones de hacer lo que hizo directamente de la presidencia de la República.
Además, es menester conocer si en efecto hubo utilización de fondos públicos para la tregua y de qué partida del gobierno salió, dijo la diputada Valdivieso.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), el General David Munguía Payés, actual ministro de la Defensa Nacional es el “creador, ideólogo, promotor y principal defensor” de la tregua.
A pesar de dicha acusación, los fiscales a cargo del caso de la tregua, dijeron durante la audiencia que ni Munguía Payés ni el presidente Mauricio Funes, ni otros funcionarios, han sido imputados porque las pruebas obtenidas “no alcanzan” a dichas personalidades.
Por su parte, el abogado Luis Mario Pérez Bennet, defensor de uno de los imputados en el caso tregua entre pandillas, hizo un llamado a la FGR a que enjuicie al expresidente de la República, Mauricio Funes, y al ministro de la Defensa, David Munguía Payés, como máximos responsables de los delitos derivados de la famosa tregua entre pandillas.
“Los que ordenan y coordinan no están siendo procesados, solo los que ejecutaron. Quien organizó y coordinó el proceso llamado tregua ha sido el ministro David Munguía Payés con el conocimiento pleno del presidente de la república, Mauricio Funes”, señaló el defensor.
La Fiscalía General de la República ha acusado a 22 personas de introducir objetos ilícitos a las cárceles de pandilleros, agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica. Entre los señalados imputados destacan Raúl Mijango y el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda.
