Ante la aprobación del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio 2017, realizado por con los votos de las fracciones legislativas del FMLN, GANA, PCN y PDC, la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) publicó el siguiente comunicado para conocimiento de la comunidad nacional e internacional:
a) Su absoluto rechazo a la forma en que fue aprobado el Presupuesto 2017 violentando adicionalmente el Reglamento interno de la Asamblea Legislativa, relativo a la decisión de votar primero la Ley de Presupuesto y posterior el debate parlamentario.
b) El Presupuesto General 2017 aprobado es inconstitucional, pues va desfinanciado en muchos de sus rubros. Para el caso, nos preocupa mucho la parte correspondiente al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) y la del IPSFA, ya que son las correspondientes a las pensiones de nuestros trabajadores y militares en situaciones de jubilación. Para cubrir esos pagos se requieren 282 millones de dólares, pero el Presupuesto aprobado apenas asigna la cantidad simbólica de mil dólares y se le busca financiamiento.
c) En la visión errada del FMLN y sus aliados, ese financiamiento puede lograrse mediante la emisión de bonos. Es decir, habrá que endeudar más al país para salir adelante con el presupuesto nacional. ¿Quién comprará esos bonos en el mercado internacional, cuando las agencias acreditadoras de riesgo han emitido diversas alertas en cuanto a su valor real?
d) Nos preocupa que operaciones de intento de venta de bonos en el mercado internacional puedan terminar como una operación fallida, como ocurrió con el crédito puente en diciembre pasado.
e) También escuchamos con gran preocupación las expresiones del ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en el sentido de que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) debe incrementarse dos puntos porcentuales y llegar al 15%, en momentos en que la población ya se ve impactada por otros asuntos financieros y económicos. No debemos olvidar que los dos sucesivos gobiernos del FMLN han contado con la mayor recaudación fiscal de la historia nacional, pero cuyo destino no ha quedado transparentado ni evidenciado en sus diferentes aspectos, por más exigencias y requerimientos que les han sido presentados.
f) Nos preocupa el despilfarro evidente y la gestión opaca de muchas obras públicas.
Adicionalmente, es sorprendente la distribución de fondos en ONG con nexos políticos, y que se constituya en el vehículo para desviar fondos a Partidos Políticos o personas, como el caso de la esposa del Diputado Gallegos y empleados de la Asamblea, de conocimiento público a fines de 2016.
g) Por todo lo antes expuesto, apoyamos e impulsamos la iniciativa de algunos de nuestros diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa para llevar ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad de ese Presupuesto General 2017, aprobado con grandes prisas y sin atender al enorme hueco desfinanciado. Nuestros jubilados y otros sectores populares no se merecen esa zozobra originada desde algunos partidos políticos que ejercen con prepotencia y desdén la responsabilidad de poder que les fue confiada en las urnas por el pueblo soberano.
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