La Audiencia Provincial de Alicante, España, resolvió este martes aplazar hasta el 8 de marzo próximo el juicio que sigue contra pandilleros de la pandilla MS-13 “salvatrucha” al llegar a un acuerdo entre la Fiscalía y lo abogados defensores para rebajar penas a cambio de una confesión.
La Fiscalía Anticorrupción ha pactado una rebaja de penas, a cambio de una confesión, con 34 presuntos miembros y colaboradores de la Mara Salvatrucha 13 detenidos en la mayor operación policial registrada hasta ahora en España contra esta banda delictiva de origen salvadoreño.
Debido a no existir un visto bueno de la jefatura fiscal, la Audiencia determinó trasladar la sesión para el 8 de marzo venidero.
Entre los implicados figuran los presuntos cabecillas de las distintas “clicas” o distritos territoriales que, según la Fiscalía Anticorrupción, se agruparon para crear el “Programa 34”, como denominan al proyecto de expansión en España. Éste tenía su sede central en la localidad alicantina de Ibi, en torno a la “clica” Big Crazy, y contaba con ramificaciones en Madrid, Girona y Barcelona.
Según el ministerio público, los acusados pretendían consolidar en España una banda similar a la mara salvadoreña, con la que tenían contacto y de la que recibieron financiación. Entre ellos hay distintas nacionalidades, desde paquistaníes, hasta rumanos y bolivianos. También hay mujeres.
Los sospechosos participaron presuntamente en varias peleas por el “control del territorio” con bandas rivales y llegaron a planificar el asesinato de uno de sus adversarios, aunque finalmente no lo pudieron llevar a cabo.
Igualmente, conspiraron para matar al testigo del apuñalamiento sufrido por un presunto integrante de una banda rival, los Latin Kings, ocurrida en el puerto de Alicante en 2012.
Los mareros ingresaban dinero a través del tráfico de drogas, pues habían establecido una red de transporte, almacenamiento y distribución de marihuana y cocaína. Además, la mara poseía armas de fuego a disposición de todos sus miembros, añade la acusación pública, que reclama inicialmente para los procesados penas que oscilan entre los dos y los treinta años de cárcel.
Los cargos a los que se enfrentan son pertenencia a organización criminal, delito contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, asesinato en grado de tentativa, conspiración para el asesinato, lesiones, amenazas y blanqueo de capitales.