Antecedentes de supuestas víctimas desbaratan “conspiración” atribuida a ex fiscal Luis Martínez

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Imagen de Mario Ricardo Calderón Castillo y su esposa Claudia María Herrera Díaz, cuando fueron enviados a prisión, por el delito de lavado de dinero y activos.

El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, relacionó este miércoles la captura del ex fiscal general Luis Martínez y del empresario Enrique Rais, así como de otras seis personas más entre abogados y jueces, con el supuesto mal uso del centro de escuchas en varios casos relacionados con Claudia Maria Herrera y su esposo Mario Calderón. “Se hizo un mal uso del centros de escuchas”,  dijo el funcionario al calificar los hechos como  fraude procesal.

Según el fiscal general, los imputados habrían creado pruebas como parte de una “conspiración para meter presa a la señora Claudia María Herrera”. ” Se estaba hablando hasta a que juzgado la iban a llevar, dijo el Fiscal, concluyendo en que  “entonces el centro de escuchas fue mal usado”.

El Fiscal Douglas Meléndez dijo que su antecesor, Luis Martínez, es acusado de los delitos de omisión de investigación y fraude procesal, pues sabía que se habían fabricado pruebas en el caso contra la señora Herrera y no hizo nada para investigar el fraude, según reveló Meléndez.

Según el jefe del Ministerio Público, tanto la señora Claudia María Herrera y su esposo el abogado Mario Calderón fueron enjuiciados y mandados a prisión con  pruebas  “falsas” por lo que de inmediato sus abogados defensores solicitaron su inmediata libertad.

Tanto el abogado Calderón como su esposa poseen un récord de antecedentes policiales y penales. Entre los dos suman nueve causas en diversas instancias. La Fiscalía, bajo la dirección de Luis Martínez, documentó estos casos tras varias denuncias recibidas.

Según los antecedentes, Calderón comenzó a tener problemas legales luego de ser despedido del Grupo Rais, donde fungió como apoderado legal; su esposa viene arrastrando una serie de procesos desde 1995, mucho antes que Martínez llegara a la Fiscalía, cuando fue capturada por intento de secuestro.

De igual manera, la señora de Herrera fue capturada el viernes 18 de septiembre de 2015, cerca del Bulevar El Hipódromo, en San Salvador, siendo procesada entonces por siete delitos que incluían lavado de dinero por más de 10 millones de dólares. El esposo de Herrera, Mario Calderón, abogado, fue imputado por al menos tres delitos también.

Durante el juicio incoado a los Calderón Herrera, el Ministerio Público, dirigido por Luis Martínez y bajo la acusación de las fiscales Marta René Guevara Melara y Rosario Cruz, demostraron que los imputados habían movilizado aproximadamente $10 millones en el sistema financiero.

La Fiscalía presentó entonces dos informes de inteligencia financiera que se realizaron de oficio, es decir, sin denuncia previa. El primero, con fecha del 25 de junio de ese año, concluía que “no existe compenetración en el perfil transaccional” de Herrera y Calderón con algunos de sus últimos movimientos financieros. La fiscal Guevara comprobó el informe y observó operaciones no cubiertas con las declaraciones en el Ministerio de Hacienda.

De hecho, se presentó un faltante de $497,097.85 en el periodo 2005-2013, una cifra que se extrajo del contraste entre las cantidades en cuentas de ahorro de Mario Calderón con las declaraciones a Hacienda de esos mismos años. “Esa primera falta fue calificada como un delito precedente: evasión de impuestos como delito generador de lavado de dinero”, dijo la fiscal Guevara al juez Romeo Aurora Giammattei, a cargo del juicio.

En el juicio, a Herrera se le comprobó que había ampliado su patrimonio en un 1,183 %, y que había registrado movimientos bancarios de $3.5 millones. Además, la Fiscalía había encontrado a Herrera 76 préstamos del Banco Hipotecario, y expuso en la audiencia siete ejemplos de pagos anticipados, de entre 4 a 19 años antes de que se venciera el plazo del préstamo.

Según la fiscalía, eso constituía una metodología para el blanqueo de capitales. La Fiscalía presentó entonces también el caso de que algunas de las empresas de Herrera, como Clavasa S.A. de C.V., no reportaron ingresos en sus balances financieros, pero sí reportaron compras. El juez Giammattei opinó que era “ilógico que una sociedad compre sin tener ingresos”. La falta de justificación de esas transacciones conformaba un comportamiento atípico.

En otro proceso, Herrera fue detenida el 17 de mayo de 2013 en el cantón Ateos, de Sacacoyo, carretera a Sonsonate, por uso y tenencia de documentos falsos. Fue procesada en el Tribunal de Sentencia de Sonsonate.

La Fiscalía abrió otro expediente por el presunto delito de lesiones graves y violencia intrafamiliar de Herrera, contra María Lilian Violeta Sevilla Calderón, hecho ocurrido el 23 de octubre de 2012 en el asilo Doctor Julio Ignacio Díaz y cuya referencia fiscal es 1146-UMM-2012.

Curiosamente el 5 de septiembre de 2013 Sevilla Calderón tuvo una muerte súbita, trauma craneoencefálico, trauma facial y enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Un cuarto caso fue abierto contra la imputada en enero de 2013 cuando fue denunciada por su exesposo por violencia intrafamiliar contra él y sus dos hijos, mientras que el 23 de septiembre del año 2014, en las inmediaciones del bulevar del Hipódromo, colonia San Benito de San Salvador, Herrera y sus tres guardaespaldas supuestamente amenazaron al empresario Enrique Rais. Por ese caso fue enviada a juicio al Tribunal Sexto de Sentencia.

En cuanto a su esposo, el abogado Mario Calderón, además de la acusación por lavado de dinero, suma una condena de dos años de prisión por supresión, destrucción u ocultamiento de documentos verdaderos. Guarda prisión en el penal de Metapán por la extorsión de $4.2 millones y la extorsión tentada por $25 millones en perjuicio del empresario Enrique Rais.