La Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, denunció este martes la utilización de recursos digitales de la Secretaria de Transparencia de Casa Presidencial como mecanismo de hostigamiento político contra quienes denuncian critican o señalan la corrupción e ineficiencia del Estado.
En un comunicado entregado a los medios de comunicación la ANEP critica que un “ente gubernamental utilice herramientas electrónicas como página web, redes sociales y boletines electrónicos para perseguir a quienes defienden la libre expresión, generan empleo y son considerados como oposición por el Estado”.
De esa forma, la gremial pide a la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción cumpla con las funciones y competencia que le atribuye la Ley, de difundir casos de corrupción ante los cuales no se ha pronunciado.
La ANEP recuerda al Estado que sus funcionarios deben someterse a la sana crítica de los ciudadanos, pues es un derecho conferido por la democracia y por los diversos mecanismos de rendición de cuentas a los que está sujeta toda actividad gubernamental.
Además de la denuncia sobre el caso de supuesta persecución a través de los sistemas de información digital de casa presidencial, la ANEP señala una serie de hechos que podrían entrañar corrupción si no se da información sobre los mismos.
Además, ANEP denuncia irregularidades en el uso de los fondos de Casa Presidencial durante el periodo que gobernó Mauricio Funes, tales como pagos a empresas brasileñas relacionados con la Represa El Chaparral y la agencia internacional de publicidad Polístepeque se fundó en el país con el apoyo del ex presidente Funes.
La denuncia de ANEP sobre supuesto uso de redes sociales apoyados desde Casa Presidencial fue denunciado esta semana por el Director de FUNDE Roberto Rubio quien se encuentra enfrentado con la Secretaría de Transparencia.
La empresarial solicita en su comunicado la intervención de la Fiscalía General de la República para que investigue la utilización de recursos públicos para financiar campañas y desarrollar estrategias gubernamentales de persecución política.
