Amnistía Internacional denunció que la expulsión indiscriminada de 238 migrantes venezolanos a El Salvador representa un “desprecio manifiesto” hacia las obligaciones internacionales contraídas por Estados Unidos y un “avance peligroso” en las “prácticas autoritarias” de la Administración de Donald Trump.
Las autoridades estadounidenses completaron el traslado a pesar de la orden judicial que reclamó su paralización, y que ahora ha derivado en críticas frontales de Trump contra el juez. El inquilino de la Casa Blanca “ignoró” a un juez federal y ahora pide su destitución, ha lamentado la directora de Amnistía para las Américas, Ana Piquer, en un comunicado.
Los expulsados estaban en “pleno proceso judicial” y fueron arrestados a pesar de que “cumplían sus obligaciones en materia de inmigración, que ya tenían protecciones concedidas en Estados Unidos”, destacó Piquer.
Para Amnistía, las expulsiones “no constituyen deportación” porque los venezolanos fueron sacados “sin orden de traslado” para “cumplir cárcel por tiempo indefinido”.
“Con el presidente Bukele, El Salvador se ha convertido en ejemplo de una tendencia alarmante en las Américas, donde el encarcelamiento masivo, la falta de control sobre el Poder Ejecutivo y la criminalización de las comunidades marginales se presentan como soluciones al crimen”, dijo la ONG.
“Existe una conexión clara y preocupante entre el modelo de seguridad del presidente Bukele en El Salvador y las medidas recién adoptadas por Estados Unidos en relación con las personas migrantes y las que buscan seguridad”, añadió.
