El alto mando de las fuerzas policiales de El Salvador y el presidente-gerente de la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI), Manuel Coto arrestado bajo cargos de malversación multimillonaria murieron cuando el helicóptero militar en el que viajaban se estrelló el domingo por la noche en la localidad de San Eduardo, Pasaquina, en el oriental departamento de La Unión, dijo el gobierno.
Otras siete personas también murieron en el accidente ocurrido cerca de la frontera con Honduras.
El director de Policía Nacional civil (PNC), Mauricio Arriaza, el subdirector de Investigaciones, comisionado Rómulo Pompilio Romero, el subdirector de Áreas Especializadas Operativas, comisionado Douglas Omar García, y el cabo Abel Antonio Arévalo, que escoltaban en el helicóptero a Coto, de regreso a El Salvador.
Coto, acusado de malversar 35 millones de dólares, había aparecido sorprendentemente en Honduras y arrestado más temprano el domingo después de intentar huir a Estados Unidos.
Pocos minutos antes, el presunto desfalcador había sido entregado a la policía salvadoreña.
Coto Barrientos fue detenido por las autoridades hondureñas en Choluteca, Honduras
En julio pasado, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó a los salvadoreños, en un tono triunfalista, que hacía las gestiones de repatriación de Manuel Alberto Coto Barrientos y aseguró que había sido capturado en Panamá, sorprendentemente apareció el sábado en Honduras.
Las otras siete personas que murieron en el accidente incluyeron tres policías, tres militares y un periodista empleado del Ministerio de Justicia, según el ejército y el ministerio.
Las autoridades no han proporcionado más detalles sobre el accidente o su causa.
“Lo que pasó no puede seguir siendo un simple ‘accidente’. Hay que investigarlo a fondo y hasta su finalidad”, escribió el presidente Nayib Bukele en X.
Elogió a Arriaza por su contribución a la seguridad nacional y su papel en diversos operativos policiales.
Bukele nombró a Arriaza en 2019 para dirigir la policía nacional. Arriaza estaba a cargo de una ofensiva nacional contra las pandillas que ha reducido la tasa de homicidios del país.
En 2022, Human Rights Watch pidió a otros países que impongan prohibiciones de viaje y congelaciones de activos contra una serie de funcionarios salvadoreños de alto nivel, incluido Arriaza, diciendo que mientras estuvo al mando la policía nacional “ha sido responsable de violaciones generalizadas de los derechos humanos”.
El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, dijo en X que “envía sus condolencias a las familias, a la policía, al gobierno y a todos los salvadoreños por esta terrible tragedia”.
