Miguel Pereira, alcalde de San Miguel, habría despedido a seis elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de San Miguel de manera injustificada, por negarse a afiliarse al partido que gobierna la comuna migueleña, el FMLN.
Edwin Rivera, uno de los agentes cesados, detalló que en el mes de febrero el edil Miguel Pereira se reunió con él y otros cinco de sus compañeros para plantearles la propuesta de inscribirse en el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). “En la reunión nos ofreció afiliarnos al partido del FMLN y de forma voluntaria donar el 30% de nuestro salario para el partido, para la campaña”, precisó el ex agente Rivera, añadiendo que la propuesta fue rechazada por él y sus compañeros inmediatamente.
El salario que devengaba el agente Rivera era de $400 y si hubiera aceptado la propuesta tendría que “donar” mensualmente $120, lo que le reduciría significativamente sus ingresos dificultando que pudiera pagar todos los gastos para mantener a su familia, ya que es el único que aporta ingresos para la manutención de su esposa y cuatro hijos.
Luego de evaluar la respuesta de los elementos del CAM, Miguel Pereira les advirtió que “eso iba a ser tomado en cuenta al momento de suprimir algunas plazas”.
La amenaza fue cumplida por el edil migueleño el pasado 1 de mayo, cuando sin razón justificada suprimió seis plazas por negarse a afiliarse al partido y “donar de forma voluntaria” el 30% de su salario.
Ante tal acción los agentes despedidos injustificadamente interpusieron las denuncias a las instancias pertinentes, para que se ordene su reinstalo.
“En la Procuraduría (para la Defensa de los Derechos Humanos) de aquí de San Miguel el señor procurador de lo laboral, licenciado que se identificó con el nombre de Marvin, nos dijo de que lo que podíamos hacer es agarrar el dinero e irnos”, respuesta que es inaceptable agregó Edwin Rivera.
Hoy en día los procesos para el reinstalo de los cesados y el pago de los sueldos caídos sigue su curso en las distintas instancias; Rivera pidió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que resuelvan en su caso, ya que su recurso de amparo ha sido aceptado.
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