Por Mauricio Eduardo Colorado.-
Se ha hecho evidente que las pandillas han tomado una fuerza tan significativa que ya se atreven a retar a la PNC con categoría de igual a igual, al grado de que han cambiado de estrategia defensiva, (no dejarse capturar), sino que ahora ellos asesinan policías, y sus familias, solo por el hecho de serlo.
Definitivamente la estrategia de terror funciona, (vaya si no lo sabrán los ex Guerrilleros) porque aunque en el agente podría neutralizarse por la preparación recibida en la academia, no ocurre lo mismo con la familia.
Ahí es otra cosa, ya que los parientes del Agente no han tenido el entrenamiento correspondiente para vivir con esas presiones extras a las que a vida normal exige día a día. Y es que es muy fácil para quien ha perdido los valores tradicionales de la sociedad, imponer la ley de la muerte, y además no se le puede amedrentar ni someter a que se comporte con respeto para otros precisamente por esa falta de valores.
Informes del cuerpo policial, indican que muchos agentes se han retirado por las amenazas a sus seres queridos, conociendo que el marero no tiene normas de conducta de ninguna clase. Si se le ordena asesinar o violar a cualquier persona, amiga o pariente, su única alternativa es obedecer la orden o sufrir en carne propia la sentencia que dicte el superior en mando: morir.
Este grave problema se complica porque la institucionalidad está regida a su vez por normas internacionales que censuran al estado que no cumple con las normas elementales de convivencia. Por ese respeto la lucha contra el crimen se convierte en desigual, porque por un lado, el estado debe cumplir con procesos que exigen y garantizan derechos a los delincuentes y se aplican normas reconocidas internacionalmente que excluyen la pena de muerte, y por el otro lado no hay más garantías que la voluntad del agresor y su sentencia inapelable: mátenlo.
Ante ese camino espinoso es necesario y urgente buscar una estrategia efectiva para defender a una sociedad tradicional, creando normas de defensa social, que garanticen a las instituciones que nos protegen, antes de que sea demasiado tarde.
La autoridad legítima está en la obligación de proteger a la sociedad que la ha colocado en esa posición, para que el poder legítimo no sea usurpado por quienes no respetan a la persona trabajadora y honrada.
Quienes detentan el poder formal no pueden cerrar los ojos ni los espacios al siempre válido derecho a la legítima defensa, personal o social, individual o colectivo, bajo pena de que en un futuro quienes gobiernen sean quienes controlan el crimen.
El papa Francisco ha dicho que no se puede negociar con Satanás, y negociar con maras o pandillas es precisamente eso. El ciudadano correcto, cumplidor de las normas de convivencia no puede renunciar al derecho de vivir en la tierra que lo vio nacer.
La solución de “irse para el norte” no es en realidad una solución, sino una alternativa provisional que elude el problema. Hacer eso es abandonar el campo de Batalla. Quienes participaron en “la malhadada tregua” (inocente o malévolamente) deberán reconocer su error, y deberán enmendarlo. Religiosos que participaron y que fueron sorprendidos en su buena fe le dieron su “bendición” al proyecto.
Estos “pastores” deben –y con rapidez- regresar a su verdadera labor pastoral, y alejarse de la política de mantener poderes terrenales, que los llevan por senderos equivocados. Dios se apiade de este pueblo que sufre en este valle de lágrimas, y no vislumbra un futuro de paz.
En resumen, si dejamos que el mal se apodere de los organismos que nos deben proteger, por medio del terror a sus miembros, o a sus seres queridos, estaremos entregando el país sin dar la batalla final. No se desean grupos de exterminio oficiales, pero es necesario neutralizar a los grupos que nos asedian, con todas sus conexiones a todo nivel: Juzgados, Fiscalía, Policía, Ministerios y demás autoridades. El Salvador tiene que salir adelante, no le queda otro camino.
