Acuerdo de El Salvador con el FMI alivia presión por pensiones, pero la deuda de seguirá en niveles críticos: Moody’s
Moody’s Ratings afirmó que el acuerdo da un alivio a la falta de liquidez que podría sufrir el fisco por la “elevada carga de deuda de El Salvador”, que, según su estimación, superará el 90 % del PIB en 2027 sobre las pensiones
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender las obligaciones acumuladas del sistema de pensiones ofrece un alivio a las presiones inmediatas sobre la caja fiscal, pero no resuelve el problema estructural de la deuda pública, advirtió Moody’s Ratings en un análisis divulgado este 20 de octubre.
La agencia calificadora considera que el entendimiento reduce el riesgo de que el vencimiento de obligaciones previsionales en abril de 2027 desencadene un episodio de tensión financiera para el Estado. No obstante, estima que la deuda pública salvadoreña superará el 90 % del producto interno bruto (PIB) en 2027, con una parte importante vinculada al sistema de pensiones.
El asunto es crucial para las finanzas públicas porque el Gobierno deberá reconocer obligaciones que se acumularon durante un período de cuatro años en el que se suspendió el pago de intereses y amortizaciones de determinados títulos previsionales. El mecanismo acordado con el FMI permitirá atender la mayor parte del compromiso mediante nuevos instrumentos de deuda de largo plazo, en lugar de exigir que todo el monto salga inmediatamente de la tesorería estatal.
La operación disminuye el riesgo de un desembolso inmediato de gran magnitud, pero no elimina la deuda: cambia su tratamiento y distribuye sus efectos financieros a lo largo del tiempo.
Una obligación de $2,300 millones que vence en 2027
El origen del problema se remonta a abril de 2023, cuando el Gobierno realizó una reestructuración de obligaciones con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Como parte de esa operación, se otorgó al Estado un período de gracia de cuatro años para el pago de capital e intereses de los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT).
El período de gracia concluirá en abril de 2027. Para entonces, los intereses acumulados y no pagados ascenderán a aproximadamente $2,300 millones, equivalentes a cerca del 5 % del PIB, según las estimaciones recogidas por el FMI y Moody’s.
La magnitud del compromiso había generado interrogantes sobre la capacidad del Gobierno para cumplirlo sin provocar una fuerte presión sobre su disponibilidad de efectivo, reducir otros gastos o recurrir a nuevas fuentes de financiamiento.
En el acuerdo presentado al FMI, las autoridades salvadoreñas se comprometieron a reconocer oficialmente esas obligaciones y emitir un nuevo certificado con un plazo de 46 años. La mayor parte del monto podría incorporarse a instrumentos previsionales de largo plazo, con pagos regulares de intereses previstos a partir de finales de 2027.
Moody’s considera que esta solución reduce sustancialmente el riesgo de que el vencimiento se convierta en un evento disruptivo de liquidez y aporta mayor previsibilidad al manejo de las obligaciones del Estado.
Sin embargo, la operación no equivale a cancelar los $2,300 millones con ingresos disponibles. Al transformarse en un nuevo compromiso de largo plazo, la obligación continúa formando parte de la carga financiera pública y genera pagos futuros.
El FMI proyecta una deuda de 89.2 % del PIB
El 1 de octubre, el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la segunda y tercera revisiones del programa económico de El Salvador y autorizó un desembolso inmediato de aproximadamente $138 millones. El acuerdo, aprobado en febrero de 2025, contempla un financiamiento total cercano a $1,400 millones durante 40 meses.
El informe técnico del organismo proyecta que la deuda bruta del Sector Público No Financiero, incluidos los compromisos previsionales, pasará del 85 % del PIB en 2026 al 89.2 % en 2027. El aumento refleja, en parte, el reconocimiento de los intereses acumulados que el Gobierno dejó de pagar durante el período de gracia.
La diferencia entre esa cifra y la estimación de Moody’s —que sitúa la deuda por encima del 90 % del PIB— debe entenderse como una diferencia entre proyecciones de dos instituciones, no como una contradicción que permita descartar una de ellas. Las estimaciones pueden variar por sus supuestos, cobertura y metodología.
El FMI calcula que el reconocimiento de las obligaciones previsionales añadirá aproximadamente 5.6 puntos porcentuales del PIB a la deuda en 2027. Después de ese máximo, el organismo prevé una reducción gradual si el Gobierno cumple sus compromisos de consolidación fiscal.
Moody’s advierte, sin embargo, que el desafío principal seguirá siendo reducir la deuda de manera sostenida. Para ello, considera necesario que el Estado mantenga superávits primarios, es decir, que sus ingresos superen sus gastos antes del pago de intereses, y continúe ajustando sus finanzas durante los próximos años.
La reforma de pensiones sigue pendiente
El acuerdo con el FMI no se limita al reconocimiento de los intereses acumulados. También incluye el compromiso de presentar una reforma paramétrica del sistema previsional en junio de 2027 y lograr que entre en vigor en septiembre de ese año.
Las reformas paramétricas pueden modificar elementos como la edad de jubilación, los años de cotización requeridos, las tasas de aporte y las condiciones para calcular los beneficios. El contenido definitivo de los cambios todavía debe conocerse, por lo que no es posible determinar con precisión cómo afectarán a los trabajadores, empleadores y futuros pensionados.
La reforma será determinante para evaluar si el sistema puede financiar sus compromisos a largo plazo sin trasladar presiones crecientes al presupuesto público. También tendrá implicaciones para los cotizantes, cuyos ahorros están vinculados a instrumentos que financian obligaciones del Estado.
El calendario pactado coloca la reforma después del reconocimiento de los intereses acumulados en abril de 2027. En consecuencia, la operación financiera atiende primero una incertidumbre inmediata, mientras la discusión sobre la sostenibilidad del sistema previsional permanece pendiente.
Mejora de liquidez, pero no solución definitiva
Moody’s reconoce que, desde la aprobación del programa con el FMI en febrero de 2025, El Salvador ha mejorado su posición financiera, fortalecido sus reservas de liquidez y avanzado en la consolidación fiscal. La continuidad del programa también reduce la incertidumbre sobre el acceso a financiamiento multilateral y puede contribuir a mejorar la confianza de los inversionistas.
El FMI, por su parte, informó que los objetivos de liquidez y reservas se habían cumplido con holgura durante el período evaluado. También destacó el fortalecimiento del saldo fiscal primario y la mejora de las condiciones financieras del país.
Pero ambos avances deben interpretarse con cautela. Una mayor disponibilidad de efectivo no significa que el Estado haya reducido de manera definitiva su endeudamiento, y una operación que extiende los plazos de pago no equivale a una condonación.
La propia proyección del FMI muestra la tensión entre los avances fiscales y el costo de las obligaciones previsionales: aunque la deuda bajaría en 2026, volvería a subir en 2027 al reconocerse los intereses acumulados.
El reto para el Gobierno será mantener la disciplina fiscal sin comprometer gastos prioritarios, sostener la confianza de los acreedores y ejecutar las reformas previstas. Si los ingresos no crecen al ritmo esperado, el gasto no se controla o las condiciones de financiamiento empeoran, la reducción de la deuda podría demorarse.
La pregunta de fondo: ¿quién asumirá el costo a largo plazo?
El acuerdo evita que el vencimiento de 2027 se traduzca necesariamente en una exigencia inmediata de efectivo por todo el monto acumulado. No obstante, el compromiso permanece y deberá atenderse mediante pagos futuros de intereses y obligaciones de largo plazo.
Para los trabajadores, el problema central no es únicamente la forma en que el Estado contabiliza la deuda, sino la seguridad de que el sistema previsional pueda pagar las pensiones y preservar el valor de los ahorros. Para las finanzas públicas, el desafío consiste en evitar que el costo creciente de los compromisos previsionales limite la capacidad de financiar servicios públicos e inversión.
La evaluación de Moody’s, por tanto, contiene dos mensajes simultáneos: el entendimiento con el FMI es positivo porque reduce un riesgo inmediato y permite mayor previsibilidad, pero no elimina la vulnerabilidad derivada del elevado endeudamiento.
El reconocimiento de los $2,300 millones en obligaciones previsionales hará visible una parte del costo que se había acumulado durante el período de gracia. La sostenibilidad de las finanzas públicas dependerá ahora de que el Gobierno convierta el alivio de liquidez en una reducción efectiva y duradera de la deuda, acompañada de una reforma previsional capaz de equilibrar las obligaciones estatales con la protección de los futuros pensionados.
