Los apoderados del empresario Enrique Rais, Silvia de Bonilla y Hernán Cortéz, presentaron ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, una denuncia por Falsedad Ideológica y Falsedad Material, contra el agente especializado de la División Elite Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil de El Salvador (DECCO), Francisco Javier Anaya Cruz.
Anaya Cruz es acusado de haber elaborado un acta en la que supuestamente se consigna la lectura de derechos fundamentales de los señores Enrique Rais y su sobrino Hugo Ernesto Blanco, luego de ser detenidos arbitrariamente en sede fiscal a las catorce horas con treinta y cinco minutos del día 22 de agosto del año recién pasado.
Según la denuncia, estos acudieron a un citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR) generado en una denuncia en contra el primero por parte del ex fiscal Diego Balmore Escobar Portillo, en representación del italocanadiense Matteo Pasquale.
Matteo Pasquale ha sido señalado por la Real Policía Montada de Canadá, como integrante de una peligrosa maffia italocanadiense con ramificaciones en todo el mundo.
la denuncia que después de transcurrida la hora para la que fueron citados por la fiscal auxiliar Giovanna Melina Jiménez López, se presentó en la sede fiscal el agente de la DECCO, Anaya Cruz, quien se encargó de que tanto Rais como su sobrino Hugo Blanco, fueran trasladados en calidad de reos a las bartolinas de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (DAN de la PNC).
En su escrito de denuncia, los abogados de Rais aseguran que fue hasta un día después, el 23 de agosto, que el agente de la DECCO, Anaya Cruz, se presentó en las bartolinas de la DAN a pedir a los señores Rais y Blanco, que firmaran un acta de lectura de sus derechos fundamentales; acta en la que se consignaban las falsedades ideológicas por la que acusan al agente de la DECCO.
Los abogados de Rais y su sobrino, Hugo Blanco, piden finalmente al juez de Paz de Antiguo Cuscatlán que remita la denuncia a la FGR, para que esta acumule a la denuncia penal promovida mediante Oficio por el Juez Octavo de Instrucción de San Salvador e impulse con celeridad y objetividad sobre la base de la Ley, la investigación de los hechos denunciados y en su momento oportuno promueva la acción penal.
De igual manera piden al Fiscal General de la República que designe un fiscal para que proceda a la investigación respectiva.
