Los abogados del empresario suizo salvadoreño, Enrique Rais, presentaron a la Fiscalía General de la República, una denuncia penal contra los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional, recientemente destituidos por la Asamblea Legislativa, para que respondan por los delitos de Incumplimiento de deberes (Art. 321 Código Penal) y el de Atentados relativos al derecho de igualdad (Art. 292 Código Penal), en perjuicio de Enrique Rais.
Los denunciados son el Doctor Óscar Armando Pineda Navas, licenciado Aldo Enrique Cáder Camilot, licenciado Carlos Ernesto Sánchez Escobar, licenciada Marina de Jesús Marenco de Torrento y licenciado Carlos Sergio Avilés Velásquez
Entre los razonamientos que hacen los abogados de Rais está la nula respuesta que la sala dio a las peticiones hechas por el empresarios Rais, demorando más allá de lo razonable las resoluciones para reparar las violaciones cometidas en sus derechos fundamentales, especialmente el de la libertad.
De acuerdo al contenido de la denuncia, los apoderados de Enrique Rais, consideran que la Sala retardó injustificadamente emitir resoluciones de fondo, respecto de las solicitudes de Hábeas Corpus que fueron promovidas para demostrar que el empresario se encontraba ilegal y arbitrariamente restringido en su derecho de libre circulación y con ello prolongó indebidamente los perjuicios generados a Enrique Rais.
Uno de los principales objetivos del proceso constitucional de habeas corpus, quizás el de mayor relevancia, es el que está enmarcado en el principio de la urgencia para cumplir sus funciones de operatividad, eficacia y rapidez, con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas de los abusos del Estado.
En el caso particular del empresario Rais, sus abogados aseguran que existen solicitudes de Hábeas Corpus que fueron presentadas en favor de este, desde hace más de dos años y medio y cuyos expedientes permanecen engavetados en los decorados escritorios de los magistrados, durmiendo, como se dice popularmente, el sueño de los justos. Nada que ver con el plazo razonable del que habla la ley.
En cuanto al delito de “Atentados relativos al derecho de igualdad” contenido en el art. 292 del Código Penal, los abogados de Enrique Rais, fundamentan detenidamente la actitud de los magistrados, considerándola un caso de justicia constitucional “selectiva” que devino en graves lesiones a los derechos constitucionales del señor Rais a quien se le ha negado el derecho a la defensa, a tener jueces imparciales y al debido proceso.
Los abogados del empresario Enrique Rais hacen una exhaustiva relación de los hechos por los cuales las solicitudes de Hábeas Corpus promovidas a favor del empresario, no avanzaban y nunca fueron resueltos en todo ese periodo, a pesar que en ese tiempo se dio respuesta a otras peticiones que ingresaron mucho tiempo después, como también se aplicaron medidas cautelares en casos relacionados con fiscalizaciones tributarias, que fueron adoptadas de forma “exprés”, de manera que hay suficientes indicios para establecer que el Tribunal Constitucional integrado por los ahora denunciados tuvo como prioridad resolver asuntos de naturaleza económica o patrimonial, por encima de otros derechos; inclusive por sobre el derecho a la libertad física o ambulatoria.
Los argumentos señalados en la denuncia, vienen coinciden con algunos de los criterios adoptados por la Asamblea Legislativa para decidir el 1º de mayo de 2021, la destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, donde también se destacó que inobservaron la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución, como lo manifestaron cuando tomaron posesión de sus cargos.
Los abogados de Rais, aseguran que, detrás del retardamiento de justicia para su cliente, se encontraban los intereses particulares del exmagistrado Carlos Ernesto Sánchez, quien sabía que dictar una sentencia apegada a derecho a favor del empresario, significaba aceptar que había cometido ilegalidades cuando formando parte de la Cámara 1ª de lo Penal de San Salvador, junto con el Dr. Guillermo Arévalo Domínguez a fecha 12 de enero de 2017 dejaron sin efectos las medidas cautelares de las que gozaba y le decretaron orden de detención provisional de manera arbitraria. Según los abogados de Rais y tal como lo han demostrados en sede jurisdiccional, Sánchez y Arévalo Domínguez, dieron validez a escuchas telefónicas realizadas sin orden judicial, sin vinculación alguna con el empresario Rais y que además, sus efectos jurídicos habían caducado.
Los mismos argumentos, en los que se establecía la forma en que Rais continúa sufriendo una privación arbitraria de su libertad, violatoria de sus derechos humanos, fueron expuestos ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, quienes después de una exhaustiva investigación concluyeron en que el señor Rais sufrió una privación de libertad arbitraria, con la cual se infringieron sus derechos humanos reconocidos en tratados Internacionales que El Salvador está obligado a cumplir de buena fe, ordenando al Estado salvadoreño poner fin “de inmediato” la persecución penal en su contra. Además, el Grupo estableció el derecho de Rais a una indemnización.
A la resolución del más alto tribunal de las Naciones Unidas ONU, se sumó la Fiscalía de Suiza, quien en base a investigaciones propias y a la resolución de la ONU, sobreseyó definitivamente a Enrique Rais, por los mismos hechos por los que está siendo juzgado en El Salvador, dándole total credibilidad al pronunciamiento del Grupo de Trabajo y cuestionando sobre todo las omisiones y retardos de justicia para reparar los daños infringidos a Rais.
Para el abogado de Enrique Rais, los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional hicieron caso omiso tanto de la resolución de la ONU como de la Fiscalía suiza, señalando que eso es una situación sumamente grave por cuanto los paises parte de las Naciones Unidas, están en la obligación de cumplir de buena fe las resoluciones de los tribunales internacionales.
Finalmente, los abogados de Enrique Raís exhortan al nuevo fiscal General de la República a que cumpla y haga cumplir la ley, defendiendo los intereses del Estado pero sobre todo los intereses de la sociedad, y proceda a diligenciar la denuncia penal contra los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional.
