El abogado español Antonio Abarca aseguró este lunes al Diario El Mundo.es, que ningún tribunal de España tiene competencia para juzgar a los militares salvadoreños cuya extradición ha sido solicitada por el juez Eloy Velasco .
“Ningún tribunal español tiene competencia sobre unos hechos que ya han sido juzgados, que están prescritos y amnistiados”, explica tajantemente el abogado Alberca, que también se encargó de la defensa del condenado por los atentados del 11-M, Rafa Zohuier y del ex presidente balear, (De las islas Baleares) Jaume Matas, por su imputación en el caso Nóos.
El caso Nóos se refiere a la persecución judicial por corrupción en la que se ha visto involucrada la hermana del Rey Felipe e hija de Juan Carlos.
Ésta es la postura que los militares salvadoreños procesados por la justicia española intentaron defender la primera vez que Eloy Velasco -magistrado encargado del caso Ellacuría desde que en 2008 la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Center For Justice and Accountability (CJA) presentaran una querella ante la Audiencia Nacional- emitió una orden de busca y captura contra ellos, el 27 de julio de 2011. Posteriormente, pidió su extradición. Esta fue la primera vez en que el abogado ofrece declaraciones públicas al respecto.
Alberca se encontraba en agosto de 2011 en El Salvador, cuando nueve ex jefes y oficiales del ejército de este país se acuartelaron en la Brigada de Seguridad Militar y pidieron acogerse al “resguardo militar”. Entonces, los uniformados hicieron pública una nota, según informó EL MUNDO de España el 11 de agosto de 2011, que decía: “Bajo ninguna circunstancia reconocemos la jurisdicción de los tribunales españoles en este caso, que ya fue investigado y juzgado”. Finalmente, el 25 de agosto la Corte Suprema resolvió que dicha orden sólo era para su localización y no para su detención y fueron liberados. En cuanto a la solicitud de extradición a España, la Corte la denegó en 2012 alegando que cuando se perpetró el crimen la Constitución salvadoreña impedía la extradición de nacionales.
Alberca basa su defensa en el juicio que ya se celebró en El Salvador -, que acabó el 23 de enero de 1992 con la condena a 30 años de cárcel para el coronel Benavides y el -considerado fraudulento por la CJA y la APDHE, teniente Yussi Mendoza; en la Ley de Amnistía que se aprobó en 1993 por la que se perdonan los delitos cometidos durante el conflicto armado del país (1980-1992); y en que los hechos ya han prescrito, tal y como declaró en 2001 un tribunal salvadoreño cuando la UCA intentó reabrir el caso.
El abogado español también explica que hay que poner en contexto lo ocurrido aquella noche del 16 de noviembre de 1989: “Estamos en el fragor de un asalto importante a la capital, que se había diseñado para que fuese la toma del país”. El Gobierno militar estaba enfrentado al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Ejército “temía que los guerrilleros estuvieran en la UCA”, según argumenta Alberca, un centro universitario que a la vez estaba muy cerca de la colonia donde residían los familiares de los militares.
Comments are closed.